a transición a la democracia está atorada en México porque en lugar de destruir el autoritarismo, es el autoritarismo el que destruye las instituciones democráticas. Es así como los caprichos y desplantes del gobernador César Duarte han sumido a Chihuahua en la más grave crisis institucional de que se tenga memoria. No sólo se trata del total sometimiento de los poderes al jefe del Ejecutivo del estado, sino de la abyección, la pérdida de toda legitimidad, del más espantoso ridículo que sufren las ruinas de lo que era el Poder Judicial del estado.

El pasado martes 5, de pronto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se vio como el escudo de los Habsburgo: con dos cabezas. Un presidente con licencia que dice que ya la cumplió y reclama la presidencia con todo y oficina; y otro presidente en funciones que no se quiere levantar de la silla. Ambos originarios de Parral, paisanos, y en su momento designados por César Duarte con la connivencia, o más bien, obediencia del pleno del TSJ y del Congreso del estado.

Ya habíamos hecho la crónica de la sumisión anunciada del Poder Judicial al gobernador Duarte, pero los hechos más recientes lo que demuestran es una voluntad de aniquilar este poder, de exhibirlo como un títere del Ejecutivo. El 8 de diciembre pasado, el entonces presidente del TSJ, Miguel Salcido Romero, pidió licencia de su cargo por haber sido designado secretario de Educación por el gobernador. En su lugar fue electo por el pleno el magistrado Gabriel Sepúlveda. Hay que aclarar que tanto éste como otro diputado priísta de la anterior legislatura, más otros 11, entre ellos dos apoyados por el Partido Acción Nacional en el Congreso, entraron con calzador y al vapor al ser retirados voluntariamente 13 magistrados no hace ni dos años, todo por designios del palacio de gobierno.

La caída de Salcido de la presidencia del Judicial a la Secretaría de Educación y Cultura fue interpretada por muchos medios como una represalia del gobernador, porque aquél no aceptó recibir la obra de la recién inaugurada Ciudad Judicial (la más grande de Latinoamérica, whatever that means). Obra que superó por mucho el presupuesto inicial, se entregó con bastante retraso y presenta serias fallas y vicios en su construcción.

Pero Salcido no se resignó y el martes 5 estalló una resonada –aunque efímera– rebelión contra quien lo suplió en el TSJ. En conferencia de prensa manifestó que dejaba la Secretaría de Educación y Cultura y volvía a la presidencia, pues así se lo había pedido el pleno de los magistrados, ante las graves deficiencias y retrasos mostrados en la conducción del Poder Judicial, y manifestó: La prioridad es restablecer el orden del Poder Judicial y restablecer una administración racional trasparente con un uso apegado a derecho de los recursos públicos a partir de hoy.

Sin embargo, el presidente en funciones no cedió e incluso mandó personal de seguridad para evitar el ingreso de Salcido a la flamante y ya muy achacosa Ciudad Judicial. Parecería que todo se precipitaba hacia un choque de trenes… pero la montaña gimiente sólo parió un ratón. El dócil pleno del tribunal se reunió, ratificó a Sepúlveda como presidente hasta que termine el (eterno) sexenio y manifestó que Salcido regresaba, pero sólo como magistrado. Poco después, Salcido acudió a entrevistarse con Duarte y al finalizar ambos manifestaron su voluntad de solucionar el problema y fortalecer las instituciones. Pero el sainete no tuvo el final feliz que se esperaba, pues el miércoles Salcido declaró que renuncia al Poder Judicial y firmó su solicitud de jubilación en Pensiones Civiles del Estado. En menos de tres años, fue ascendido a la cima y precipitado a la sima por los designios del gobernador. Lo peor es que, con él, Duarte arrastró la poca credibilidad que restaba al Poder Judicial en Chihuahua

Todo esto se da en el contexto del arranque de la contienda por la gubernatura del estado. En la designación del candidato priísta, Humberto Serrano, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y en la manera en que se acomodó y acalló a las y los demás aspirantes ha quedado muy claro que Duarte lanzó su aplanadora para imponer el pacto que le permita total impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, en el desastre financiero en que deja a Chihuahua y en la baja de la mayoría de los indicadores de desempeño del gobierno.

Lo malo es que todo esto no sólo sucede en Chihuahua. La destrucción de las instituciones pilares de la democracia, la implantación de dictaduras regionales y el saqueo sistemático de los fondos públicos es la estrategia que Peña Nieto, el PRI y sus aliados están implementando para repetir el ciclo de impunidad, corrupción y antidemocracia en 2018. Ya es hora de pararlos.