i no ocurre algún desacuerdo entre los principales partidos políticos, será un hecho que en febrero de 2017 la ciudad de México tendrá su propia Constitución. Al contrario de lo que algunos han sostenido, sí ha habido un sector de la ciudadanía que se ha interesado en este asunto desde tiempo atrás. Interés que se expresó en diálogos públicos en las universidades, publicaciones en los medios, entrevistas con legisladores, pronunciamientos de organizaciones sociales y civiles. Incluso en la elaboración de una iniciativa de reforma constitucional asumida por cuatro senadores de diversos partidos, quienes la presentaron formalmente al Senado en noviembre de 2013. Única iniciativa, por cierto, que, contrariamente a las reglas parlamentarias, no fue considerada en el dictamen que dio paso a la reforma de la Constitución General de la República para dotar de Carta Magna al hasta ahora DF. Algunos medios se interrogan sobre la utilidad que esto pudiera tener para el ciudadano común. La referida iniciativa de las organizaciones propuso tres asuntos fundamentales que han estado en la agenda de la ciudadanía: 1) la centralidad de la garantía de todos los derechos humanos como eje de la Constitución de la ciudad; 2) establecer los instrumentos de democracia directa y democracia participativa para la más amplia intervención ciudadana en los temas que le afecten, y 3) que el proceso de elaboración, discusión y aprobación del texto constitucional fuera en sí mismo participativo, desde la conformación del órgano que lo elaborara y discuta, hasta su aprobación final en un referendo constituyente. ¿Cuál sería entonces la utilidad? Ni más ni menos que la ciudadanía pueda definir el tipo de ciudad y de gobierno que convenga a sus intereses. Desafortunadamente esta esperanza está a punto de frustrarse por el temor a la profundización de la democracia que tienen los partidos representados en el Congreso federal, y por la cortedad de miras de los poderes que de facto intervinieron en la elaboración de las reformas constitucionales. El primer error cometido, que más bien habría que calificar de afrenta, es pretender tutelar a la ciudadanía de la capital, al introducir una absurda proporción de 60 por ciento de diputados constituyentes electos por la sociedad, y 40 por ciento designados por los poderes ya constituidos, llegándose al extremo de eliminar la división de poderes, al convertir a los poderes ejecutivos federal y local en legisladores constituyentes por medio de sus representantes. Seis de cada uno de ellos. Como consecuencia de este desatino, lo que se tendrá son grupos parlamentarios con dimensiones construidas artificialmente, y no como producto de la voluntad de los electores. Además, con la composición establecida por el Congreso para la asamblea constituyente, el partido gobernante en el país tiene asegurado, aunque los votos ciudadanos en la capital no le favorezcan, el grupo de diputados constituyentes más grande. De paso esta fórmula asegura de hecho que en los años venideros el tema dominante de la agenda electoral de la ciudad sea la construcción de la coalición legislativa, que en años posteriores pueda realizar los cambios en la Constitución de la ciudad de México, que el capricho federal le niega ahora. Situación absurda, si se supone que un texto constitucional es para el largo plazo. Pero no toda esperanza está perdida. Aún es posible rectificar para lograr que esta sea ocasión para consolidar la democratización de la vida pública, y con ella la construcción del bienestar de sus habitantes, y la legitimidad de las instituciones políticas. La fórmula de la rectificación es simple de enunciar: ciudadanizar el proceso de elaboración de la Constitución, lo cual se puede hacer en tres frentes simultáneos. 1) Persuadir a los partidos políticos y a los ejecutivos federal y local, para que en sus listas incorporen a especialistas y personas con liderazgo social, como lo expresaron diversas organizaciones en un desplegado publicado en La Jornada el 8 de diciembre para avanzar, en vez de retroceder, en la democracia participativa. Sabemos que en múltiples espacios académicos y sociales existen personas que reúnen las características mencionadas. Qué mejor que ellas fueran las opciones que tuviera la ciudadanía, y que se reforzaran con las designaciones que hicieran el Presidente y el jefe de Gobierno. 2) Influir en la elaboración del proyecto de Constitución. La reforma constitucional aprobada por el Congreso federal, en proceso de aprobación por los congresos locales, señala como facultad exclusiva del jefe de Gobierno elaborar el proyecto de texto que será discutido por la constituyente. De paso habrá que decir que es muy probable que buena parte de este texto se mantenga en la versión final, puesto que nuestro constituyente local tendrá escasos tres meses para conocer, discutir, consultar y aprobar la Constitución de la Ciudad. Este mandato de las reformas aprobadas no es lo mejor, pero también no hay que dejar pasar la ocasión para que la ciudadanía participe en la elaboración del mencionado proyecto. Ya el mismo día de la aprobación en el Senado de los cambios constitucionales, un senador le pidió al jefe de Gobierno abrirse a la participación ciudadana, y esta misma semana Miguel Ángel Mancera convocó a la ciudadanía a participar. Sin embargo, para que esta convocatoria sea efectiva, será necesario crear el instrumento y el método idóneos para que la creatividad social se exprese y sea realmente tomada en cuenta. Sabemos que en múltiples espacios partidarios de la sociedad civil y de la academia se están produciendo propuestas para el texto constitucional. Se requiere una instancia que a su vez cuente con participación de ciudadanos, y que de manera transparente y sujeta al escrutinio público encauce ordenada y eficazmente las iniciativas de la sociedad. 3) Se necesita también que la sociedad lleve adelante campañas informativas y deliberativas en todos los rincones de la ciudad, para que los ciudadanos hagamos nuestra la Constitución; y que se cree la coalición de fuerzas necesarias para impulsar las propias iniciativas sociales, con la capacidad para hacer pagar los costos de no abrirse a aquello en lo que nuestra ciudad es pionera: ampliar la democracia de México.