El pleno de circuito en materia penal del Distrito Federal (órgano del Consejo de la Judicatura Federal integrado por varios tribunales colegiados penales, el cual resuelve contradicciones de tesis entre tribunales de la misma jerarquía) determinó que cualquier robo cometido en el interior de un vehículo dedicado al transporte público debe ser calificado por los jueces como grave y sin derecho a la libertad provisional.

Al aclarar una contradicción de tesis entre diversos tribunales federales, el pleno de circuito de la capital del país (cinco votos contra cuatro) terminó con una divergencia de criterios entre magistrados de segunda instancia judicial.

Algunos tribunales concedían la libertad caucional (pago de una fianza o garantía) a los procesados cuando el robo se cometía en unidades que no estaban en servicio.