San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Ejidatarios adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona reiteraron que no negociarán con el gobierno de Chiapas la posesión de 130 hectáreas del fundo legal (área de uso común), de las que fueron despojados hace 72 años para la construcción de la cabecera municipal de Tila, en el norte de Chiapas.

Queremos que se respete la resolución presidencial, que se encuentre una salida justa al conflicto, que nos restituyan nuestras tierras y se reubiquen de forma definitiva las oficinas del ayuntamiento. La asamblea ejidal expulsó a las autoridades porque han traído problemas, manifestaron.

En diciembre pasado acusaron al síndico municipal, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, de reactivar el grupo paramilitar Paz y Justicia (al cual se imputa la muerte o desaparición de 122 indígenas y el desplazamiento de más de 4 mil entre 1995 y 2000), en un nuevo intento por controlar a la población chol.

Le recordamos al Congreso del estado que también está sentenciado como responsable de violar el derecho del ejido, junto con los gobiernos estatal y municipal, en el juicio de amparo 259/82 que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que se abstenga de seguir violando la Constitución y la vida interna del ejido. Sólo así podemos encontrar una salida justa y duradera; queremos que nos dejen vivir en paz, expresaron.

Aseveraron que las autoridades municipales no acreditaron la posesión legal de las tierras, y nosotros sí contamos con todos los documentos.

Sostuvieron que Emilio Gutiérrez Martínez, ex militar supuestamente ligado a las autoridades municipales, dirige un grupo paramilitar formado por habitantes de la comunidad de Misijá para atacar las colonias del ejido Tila.

También, aseguraron que Gómez Gutiérrez y el procurador de Justicia estatal, Raciel López Salazar, enviaron sujetos embozados –entre ellos policías municipales– a hacer disparos al aire y bloquear los accesos al ejido durante las elecciones del 19 de julio pasado para causar terror.

Son los que fueron contratados en el ayuntamiento en agradecimiento a su servicio. Se aprovecharon de que los jóvenes no tenían empleo, acusaron.