Integrantes de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Red Trasex) exigieron a los gobiernos de la región regular esta actividad para evitar que sigan padeciendo violencia y a fin de tener acceso a vivienda, créditos, seguridad social y jubilación, al igual que otros asalariados. A pesar de que es un empleo que elegimos libremente, esa decisión no se refleja en las leyes o políticas públicas, reprocharon.

En el documento Cinco razones por las cuales el trabajo sexual debe ser regulado, denunciaron que su derecho a ejercer esa ocupación en condiciones dignas no es respetado y tampoco se les permite formar sindicatos.

La discriminación de la que son objeto –debido en parte a que laboran sin protección legal expresa– provoca que mantengan en secreto el trabajo que realizan, incluso cuando van a consultas médicas, lo cual repercute negativamente en su salud. De acuerdo con una encuesta de la red, un tercio de sus integrantes no enteró al médico sobre su empleo: 44 por ciento no lo hizo por vergüenza; 35, por miedo al rechazo, y 32, por temor a que otros se enteren.

Señalaron que al no incluirlas en las leyes de protección al empleo, los gobiernos de América Latina tienen una gran deuda con aquellas que por encontrarse en situación de total desprotección social y laboral son presas de explotación sexual y proxenetismo.

Afirmaron que es muy común que las fuerzas de seguridad las detengan de manera arbitraria, las extorsionen y las amenacen. Son recurrentes, aseguraron, los tratos crueles, degradantes, inhumanos de los funcionarios, y eso ocurre porque quienes nos persiguen se escudan en la falta de regulación que reconozca nuestro trabajo.