Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo que abre la posibilidad de que en breve recupere su libertad José Humbertus Pérez Espinoza, líder de la asociación civil Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD), preso desde el pasado 4 de noviembre por presuntamente robar en una casa con el uso de arma de fuego, informaron abogados del detenido.

Los defensores detallaron que la Procuraduría General de Justicia del estado de México le imputó a Pérez Espinosa el delito de robo, sin mayores pruebas que los testimonios de dos supuestas víctimas y de tres testigos que hicieron declaraciones contradictorias e inverosímiles.

También la esposa e hijo del activista tramitaron peticiones de amparo contra probables órdenes de aprehensión por delitos similares.

El propio activista ha sostenido –mediante varios comunicados de prensa firmados desde el interior del penal de Chiconautla– que él y su familia son víctimas de una campaña de hostigamiento y acusaciones falsas orquestada por autoridades mexiquenses, con el propósito de que la agrupación que encabeza se desista de la lucha legal que mantiene en tribunales contra los constructores de vivienda más importantes del país.

El FMDVD ha ganado varios amparos y litigios a dueños de empresas inmobiliarias, entre ellas Urbi, Vinte, Geo y Sadasi, por diversos fraudes que la agrupación civil ha logrado demostrar, entre ellas la venta de casas construidas con materiales de mala calidad y a un sobreprecio de hasta 40 por ciento.

El juzgado décimo tercero de distrito con sede en el municipio mexiquense de Naucalpan, a cargo del juez Alberto Emilio Cardona, dio entrada a los juicios de amparo 1379/2015, 1489/2015 y 1506/2015, tramitados por el activista contra su detención ilegal y la negativa de dos jueces de control de modificar la medida cautelar de prisión preventiva a la que está sujeto, según registros judiciales a los que tuvo acceso La Jornada.

El delito que se le imputa a Pérez Espinoza (robo) es por una cuantía que no supera 3 mil pesos.

Fiscales de Ecatepec y Tecámac nunca presentaron alguna prueba pericial y/o documental que demostrara la existencia de la supuesta arma.