ste año servirá para probar si los grandes empresarios del país realmente están comprometidos con la tarea de reducir la generación de gases de efecto invernadero, principales causantes del cambio climático. En diciembre anterior y como para ganar titulares con motivo de la Cumbre de París, finalmente el Senado de la República aprobó cambios al dictamen de la Ley de Transición Energética (LTE), que mucho antes le había enviado la Cámara de Diputados. La tardanza en avalarla se explica por los intentos del sector empresarial para modificarla sustancialmente. Aprobada por el Congreso, se envió al Ejecutivo Federal para su publicación. Esa ley es la base de las políticas nacionales para contribuir a la lucha por evitar que al finalizar este siglo la temperatura global supere los 2 grados centígrados, para tomar medidas que mitiguen los efectos que ya se padecen por el cambio climático; y también reafirma los programas y compromisos internacionales de México para lograr todo lo anterior.

Vano fue el cabildeo de los poderosos empresarios para que el presidente Peña Nieto vetara la LTE. Incluso pidieron una audiencia para reiterarle los puntos que consideran los perjudica y son negativos para el país. En vez de recibirlos, la promulgó el 24 de diciembre pasado. El señor Juan Antonio Reboulen, de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) expresó el malestar del sector empresarial: “Era lo que temíamos: que nos jugaran un madruguete en la fiestas decembrinas, así que ahora no habrá más que esperar una ola de amparos contra la nueva legislación”, y remató: Qué lástima, porque siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y ahora vamos a tener que irnos a pelear esto en los tribunales. Entre otras cosas, la ley obliga a que a partir de 2018, los usuarios de electricidad consuman al menos 25 por ciento del fluido de fuentes renovables, como eólica y solar, que hoy representan 4 por ciento de la generación nacional. El consumo de la electricidad de estas fuentes deberá ser de 35 por ciento en 2024 y de 43 por ciento en 2030.

Es antigua la inconformidad de las cúpulas empresariales con la nueva ley. Cuando se presentó para su discusión en la Cámara de Diputados, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) instó al Ejecutivo y al Legislativo a cambiar su contenido. Afirma que ocasionará, por ejemplo, la elevación del costo de la electricidad para todos los usuarios en miles de millones de dólares al año. Además, detendrá el crecimiento económico de México, habrá menores oportunidades de empleo y no existirán las condiciones favorables para enfrentar los nuevos retos en la planta productiva ante una mayor apertura comercial. El sector acerero calcula pérdidas por 3 mil 500 millones de dólares en inversión por la incertidumbre que ocasiona tener que generar eléctricidad a partir de tecnologías verdes.

Sin embargo, la Secretaría de Energía (Sener) desmintió tales aseveraciones. Asegura que obligar a los grandes consumidores de energía a que 35 por ciento de ésta sea limpia en una década más, elevará los costos de generación hasta 2.19 por ciento en 2024, y no 15 por ciento, como argumentan las cúpulas industriales y de empresarios. Y agrega que se fijaron metas intermedias que comenzarán en 2018, cuando los participantes del mercado eléctrico mayorista y la Comisión Federal de Electricidad deberán obtener 5 por ciento de su energía con fuentes limpias. Las podrán alcanzar generando su energía, comprándosela a un generador o mediante Certificados de Energía Limpia (CEL), que se comercializarán en el mercado.

Defienden la nueva ley los grupos ambientalistas y quienes trabajan en la generación de energía por medio de fuentes alternas: solar y eólica, principalmente. Afirman que no perjudicará al sector industrial en sus costos productivos, sino lo harán más moderno y competitivo. Para la española Iberdrola, líder mundial en la generación de energía eólica y con instalaciones incluso en Estados Unidos, la Ley de Transición Energética es un incentivo para invertir en México hasta 5 mil millones de dólares los próximos dos años. Tiene razón la citada trasnacional: las energías limpias son un excelente negocio, a la vez que una salida a la crisis ambiental del planeta.