Saltillo, Coah.

Más de 600 saltillenses han realizado trámites de amparo contra la aplicación de fotomultas por el ayuntamiento encabezado por el panista Isidro López Villarreal, debido al costo de mil 368 pesos por exceder el límite de velocidad y la forma en que las multas se pretenden aplicar con la instalación de retenes en las vías rápidas y embargos de vehículos en domicilios particulares.

El 14 de octubre de 2014 el gobierno local y la empresa Calidad de Vida Integrando Soluciones de Tecnología SA de CV (Canviso Tec) firmaron el convenio para la colocación de 40 cámaras en vías rápidas, entre ellas los bulevares Venustiano Carranza, Nazario S. Ortiz Garza, Luis Donaldo Colosio, Fundadores y el libramiento Luis Echeverría Álvarez, a fin de fijar los límites de velocidad de 50 a 90 kilómetros por hora.

Las cámaras se instalaron entre octubre de ese año y febrero de 2015 y el sistema de fotomultas se inició el 13 de abril; pero la forma en que el gobierno de Saltillo emitió el contrato correspondiente genera dudas, pues la empresa se creó el 29 de mayo de 2014 y el 4 de junio de ese año se inscribió en el padrón municipal de proveedores; es decir, cinco y cuatro meses antes, respectivamente, de signar el contrato con las autoridades locales.

El 18 marzo de 2015 se hicieron las modificaciones al reglamento de tránsito y vialidad, con lo que se permitía licitar el programa de fotomultas que había sido firmado cinco meses atrás a espaldas del cabildo, denunció la regidora Tomasa Vives Preciado, del partido estatal Socialdemócrata Independiente.

Una cámara que instaló el ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para asignar multas a conductores que excedan límites de velocidadFoto Homero Aguirre

La opacidad del contrato con Canviso Tec fue sólo el principio, pues el ayuntamiento se negó a informar el lugar exacto de la ubicación de cada cámara, agregó. La funcionaria promovió un amparo contra el contrato del gobierno local con la compañía, debido a que no se licitó.

Vives Preciado señaló que fue adjudicación directa y el argumento del alcalde (Isidro López) es que Canviso Tec es la única empresa certificada en México para prestar el servicio, lo cual es falso.

El convenio establece que la compañía se queda con 30 por ciento de la recaudación por fotomultas; el ayuntamiento con 52 por ciento y el gobierno del estado con 18 por ciento por facilitar el padrón vehicular de Saltillo, formado por unos 250 mil propietarios de vehículos.

El administrador fiscal general del estado, Roberto Díaz García, informó que este año no renovará el convenio con el gobierno municipal debido a que el año anterior entregó la información a la empresa Canviso Tec, con lo cual violó la privacidad en el manejo de datos personales.

Según el diputado local priísta, Francisco Tobías Hernández, quien tiene tres amparos contra fotomultas, la medida que anunció el administrador fiscal general las invalida de modo automático, pues este año hay cambio de placas en Coahuila y quedarán sin efecto los datos de las láminas anteriores.

Si el gobierno del estado anunció que ya no compartirá el padrón vehicular, ¿con qué datos aplicará Saltillo las fotomultas? cuestionó el legislador.