Las personas que viven en la calle son de las más excluidas y vulneradas por el Estado mexicano y por la sociedad en general, reconoció ayer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Quienes busquen cifras precisas para cuantificar a los que ahí pasan su infancia o juventud, los ancianos que ahí moran, la familias que ahí subsisten, no las podrán encontrar, pues esos grupos están al margen de las políticas públicas gubernamentales y prueba de ello es que no existen datos estadísticos oficiales que permitan un diagnóstico de la situación.

Se estima que 60 por ciento comenzaron a habitar en la calle entre los 10 y los 14 años de edad, y 40 por ciento entre los cinco y nueve años, según el estudio Niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, que en 2011 realizó la Secretaría de Seguridad Pública. Cuatro de cada 10 menores encuestados argumentaron malos tratos en el interior de la familia como la principal razón por la que salieron de sus hogares. Los riesgos más frecuentes que ellos mismos reportaron fueron el maltrato de la gente (28 por ciento) y la extorsión de policías (20 por ciento).

En la ciudad de México, el gobierno local inició en mayo pasado un censo que permitirá saber aproximadamente cuántos pernoctan en la vía pública. Autoridades de la delegación Cuauh­témoc aseguraban en 2013 ser la única demarcación que conocía cuántos de sus habitantes se encontraban en situación de calle, con nombres, apellidos, oficios, adicciones y lugar de origen. En ese momento en sus calles residían mil 38.

Falta información estadística confiable, sistemática, desagregada y que considere la situación contextual de las poblaciones callejeras, señaló el Conapred en una ficha informativa. Apuntó la urgencia de prevenir ese fenómeno, así como aplicar estrategias que eviten la estigmatización, discriminación y criminalización de la pobreza en contra de esa población, pues todavía se les trata como potenciales delincuentes, debido a que no tienen dinero.

Tienen los mismos derechos, pero la sociedad mexicana sigue sin reconocerlo. Al contrario, ha sido testigo de abusos, violencia y criminalización, agrega. Se requiere que las dependencias se coordinen para atender a ese sector de la población y que programas gubernamentales no los traten como objetos de protección, víctimas o potenciales delincuentes.