La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sugirió a la Asamblea Legislativa (ALDF) implementar mecanismos de participación ciudadana para determinar la necesidad real social y los beneficios para la comunidad y los vecinos de los proyectos urbanos.

Esto, en una serie de observaciones que envió el director ejecutivo del organismo, Ignacio Alejandro Baroza Ruiz, a la iniciativa que presentó el grupo parlamentario de Morena para aplicar medidas preventivas en materia urbano-ambiental.

La CDHDF advirtió sin embargo la conveniencia de replantear el artículo primero de dicha iniciativa, que tiene como fin modificar el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, para cancelar las llamadas Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zodes) establecidas en dicho documento dentro del Eje de Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura.

Esto, a fin de no invadir las facultades que tiene el titular del Ejecutivo local para expedir dicho programa, el cual fue sometido a consulta de la anterior legislatura de la ALDF como establece la Ley de Planeación del Desarrollo.

En la exposición de motivos, la iniciativa de Morena advierte que proyectos como Ciudad de la Salud, Ciudad Administrativa, Parque de la Innovación (antes Ciudad del Futuro) y Ciudad Verde, así como el ya cancelado corredor cultural Chapultepec, se plantearon sin la participación ciudadana; sin embargo, no propone mecanismos participativos.

La CDHDF planteó como una observación general al órgano de gobierno legislativo la necesidad de contemplar la implementación de mecanismos de participación, de forma que se pueda determinar si la voluntad popular fue tomada en cuenta adecuadamente en los proyectos, al contrastar los resultados de las consultas con la documentación existente.

Aludió al principio décimo de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se plantea que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas y todos los ciudadanos interesados, por lo que los estados deben facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.