El Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), uno de los más importantes de la Secretaría de Gobernación, cayó en el abandono desde la llegada y fugaz estancia de Arturo Escobar al frente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

Durante la estancia del militante del Partido Verde Ecologista de México en esa dependencia, el programa sufrió un recorte de 30 por ciento, equivalente a 750 millones de pesos, de los 2 mil 600 millones de pesos asignados para este año, más la reducción de otros 600 millones de pesos en el presupuesto que ejercerá en 2016, con lo que ha perdido un total de mil 350 millones de pesos.

El abandono del Pronapred ha comenzado a golpear algunas de las delegaciones del Distrito Federal que fueron incorporadas al programa, pues sus acciones y actividades para la prevención del delito están inconclusas, después de que sólo recibieron 70 por ciento de los 132 millones de pesos comprometidos para este año, es decir, 92 millones 400 mil pesos.

Los fondos destinados al Distrito Federal serían distribuidos en cinco demarcaciones: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa, pero fue hasta principios de diciembre pasado cuando las autoridades capitalinas fueron notificadas de que no se les entregaría el recurso restante, es decir, 30 por ciento, ante el recorte presupuestal a escala federal.

De ellas, la que resultó más afectada fue Iztapalapa, pues se le habían asignado 53 millones 263 mil 122 pesos, es decir, poco menos de la mitad del total de los recursos para la prevención del delito en la ciudad.

El jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno, detalló que en su caso se le asignaron 8 millones de pesos, que fueron utilizados en 21 actividades en la colonia Morelos, donde se busca coadyuvar a restituir el tejido social y disminuir el clima de violencia en la zona.

Indicó que aunque el programa ha resultado positivo, se perdió toda comunicación con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana desde el primer cambio en la dependencia, e ignora si continuará para el próximo año. La gente nos pide dar continuidad y vamos a insistir, pero francamente no hemos tenido ningún contacto, expresó.

La salida de Arturo Escobar tras el escándalo electoral también impactó en el área administrativa, pues a raíz de los cambios existe un atraso en la publicación de los lineamientos de operación para el próximo ejercicio fiscal, pues en otros años a estas fechas ya se habían iniciado las pláticas con las autoridades de las distintas entidades para definir el monto que se asignaría a cada una y las acciones a seguir.

El programa, que empezó en 2015 con recursos por 2 mil 600 millones de pesos, concluyó el año con 30 por ciento menos, equivalente a 780 millones de pesos, ante el recorte que se anunció en el gobierno federal, sin que el entonces subsecretario mostrara interés por defender el presupuesto asignado para la prevención del delito en las entidades del país con mayores problemas de violencia y pobreza.

Tampoco se realizó ningún cabildeo para lograr mayores recursos para 2016, pues su presupuesto se mantiene a la baja, con poco más de 2 mil millones de pesos asignados, con lo que se prevé que no se podrá incorporar a ningún municipio o delegación que no haya participado en otros años.

La operación del programa comenzó en 2013 en 48 municipios, dos delegaciones del Distrito Federal y siete zonas metropolitanas, pero en el transcurso de estos tres años se habían incluido más sitios conflictivos o focos rojos.

Este año, sólo se entregó el ciento por ciento de los recursos a cinco estados, entre ellos Durango, Chihuahua, Tlaxcala y Chiapas, pero el resto de las entidades participantes resultaron afectadas, como sucedió con el Distrito Federal, a cuyas autoridades sólo se les entregó 70 por ciento del presupuesto comprometido.