onstitucionalmente, la Ciudad de México es una entidad flamante, es decir, nueva; en lo demás, más allá de la definición recientemente aprobada de que será una entidad plena en la Federación, en lo otro, deja mucho que desear, y sus problemas crecen y se multiplican sin que parezca que nadie los ataje, controle o al menos encauce. En cambio estrenamos nombre legal; ya no tendremos el burocrático de Distrito Federal: seremos Ciudad de México, como debe ser y como nos enorgullece que sea.
Tuve el honor de ser invitado a formar parte del Consejo Consultivo para la Reforma Política, organismo honorífico en que compartí lugares con destacados vecinos de la capital, casi todos de antaño interesados en la esperada reforma y todos con información y experiencia en el tema; no los menciono por no ser descortés y sin querer, omitir a alguno; lo preside Porfirio Muñoz Ledo, con su capacidad política y habilidad, bien escogido por su interés por la reforma del Estado en general y en la del Distrito Federal en particular; aprendí mucho y pensé al principio que podríamos contribuir realmente a lograr las modificaciones y que aportaríamos ideas y experiencias.
Pronto me percaté, por el papel del Consejo, por el dicho de algunos de los consejeros, de que no sería ese ámbito el espacio en donde se podría avanzar con independencia y firmeza hacia una Constitución de la capital, que lo importante se decidía en otra parte y lo peor de todo, que el nuevo estatus era una moneda de cambio en una especie de apéndice local del Pacto por México.
Eran los partidos, los jefes de bancadas en las cámaras, quienes acordaban el sentido y la profundidad del cambio; resolvían sobre tiempos y ritmos, y nosotros. salvo opinar, no teníamos mucho que aportar en materia de decisiones. Protesté un par de veces, pedí una definición más clara de nuestro papel y finalmente dejé de asistir.
A distancia se puede percibir que hoy se trata, no de argumentos parlamentarios, sino muy por el contrario, de negociaciones
dando por supuesta la docilidad de los legisladores a sus jefes y dejando todo a esa forma pervertida de hacer política, que consiste en dar a cambio de un avance deseado algo no deseado, en la misma legislación o en otra, sin dar ni escuchar ni valorar argumentos.
Me precio de conocer algo en materia de derecho parlamentario, pero la forma actual de legislar bajo el principio de do ut des, dando y dando, no me convence ni satisface. Con ese método salen sobrando argumentos y pierden sentido el debate parlamentario y los alegatos en tribuna, porque todos llegan sabiendo que sus votos serán emitidos en el sentido que les indiquen los cordinadores después de las negociaciones en la cúpula.
El proceso desembocará en un Congreso Constituyente que estará integrado por 100 representantes del pueblo capitalino, que serán electos algunos por votación directa, pero una gran proporción –40 por ciento– será designada por el Presidente de la República, el jefe de Gobierno y los partidos y sus grupos parlamentarios. Los electos contarán con poca fuerza, y su elección dependerá de un proceso apresurado y posiblemente manipulado, dados los precedentes, con lo que queda de entrada asegurado que la representación auténtica de la aguerrida ciudadanía del Distrito Federal será minoritaria.
No digo que no sea necesario luchar por conseguir una Constitución realmente democrática, pero con estos antecedentes y la actual circunstancia política no será fácil lograrlo. La nueva Constitución debe contar con una moderna y amplia Parte Orgánica, en la que debe haber un catálogo exhaustivo de los derechos humanos, los límites al poder público deben ser precisos y los mecanismos jurídicos de la defensa de las personas suficientes y claros; en este capítulo deberán restaurarse los derechos sociales prácticamente abolidos en la Constitución Federal. En la parte orgánica, los límites al Poder Ejecutivo y la rendición de cuentas de éste al Legislativo deberán contar con un articulado, de redacción clara y sin vericuetos ni circunloquios, para evadir su aplicación; se hará hincapié en que el Poder Legislativo debe controlar al Ejecutivo mediante la ley y la revisión de cuentas, y no a la inversa.
Ese debiera ser el contenido, pero, ¿cómo? Con una mayoría constituida, programa con astucia perversa en manos de políticos al servicio de intereses partidistas y no de representantes populares auténticos. Lástima Margarito
, decían en aquella parodia de la televisión al concursante que avanza con mil esfuerzos para ser derrotado con la última pregunta. La Ciudad de México merece mejor suerte y la tendrá; le arrebató al PRI la mayoría, vivió un cambio positivo con un buen gobierno, su ciudadanía sigue siendo participativa, informada, activa, va en camino de un rescate que es indispensable.
