l año que está por iniciarse puede ser determinante para la suerte de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y no es fácil discernir cómo y en qué medida los afectará el torbellino político en el que vive esa nación. La forma en que se desarrollan las campañas con miras a las elecciones que se celebrarán el próximo noviembre ha dejado en claro las intenciones de algunos de los candidatos que aspiran a llegar a la Presidencia en usar el tema de la política migratoria y las relaciones con los inmigrantes como medio para ganar la preferencia del electorado en general. No es algo nuevo que en coyunturas electorales liberales y conservadores conviertan en el blanco de sus campañas a la comunidad migrante. En unos casos han puesto de relevancia su importancia en la sociedad estadunidense a lo largo de la historia. En otros casos lo han ignorado, e incluso repudiado.

En esta coyuntura, los tres precandidatos demócratas han subrayado la necesidad de tender puentes de entendimiento con la comunidad migrante en general, particularmente con los mexicanos. Han destacado el derecho que les asiste para residir y formar parte de la comunidad estadunidense, independientemente de su calidad migratoria. Desde su óptica, es necesaria una reforma migratoria que haga justicia a los millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Insisten en que en las relaciones con México se debe respetar su soberanía y cuidar la intensa relación social y económica y la dependencia entre ambas naciones.

En cambio, para algunos de los precandidatos republicanos las relaciones con la comunidad mexicana son motivo de agresiones, acusaciones y asperezas. Para ellos la reforma migratoria debería ser limitada, y de ninguna manera contener disposiciones que otorguen un estatus legal a millones de indocumentados, no obstante que ya viven, trabajan y pagan sus impuestos en Estados Unidos como cualquier ciudadano estadunidense. Entre sus promesas más graves está la derogación de las disposiciones del presidente Obama mediante las que se han suspendido los juicios de deportación de millones de jóvenes, niños y adultos que han vivido y estudiado en el país por años. De cumplirse su promesa, se traduciría en la deportación inmediata de todos ellos.

Además, han dicho que al gobierno de México se le debe exigir que tome medidas para evitar que trabajadores mexicanos migren a Estados Unidos, y se comprometa a suprimir el paso de los migrantes centroamericanos en su intento por llegar a su territorio.

Otros precandidatos de ese mismo instituto político, que en el pasado se han opuesto a una reforma migratoria, esta vez, atendiendo a la necesidad de recuperar el voto de la comunidad migrante en general, particularmente el de comunidad mexicana, han propuesto algunas medidas tímidas e insuficientes para regular la situación migratoria de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

Al parecer, las campañas continuarán por esa vía. Por razones evidentes, en estos días la atención se ha centrado en quienes llegan del Medio Oriente, pero no será suficiente para desviar la atención de aquellos que han llegado desde el otro lado del río Bravo.

Deseo que el año que llega sea mejor para nuestra comunidad y para quienes pacientemente leen estas notas.