Morelia, Mich.

A los mandos que dieron la orden y a quienes abrieron fuego contra los manifestantes reunidos alrededor de la presidencia municipal de Apatzingán, el 6 de enero de 2014 –donde murieron 10 personas y 21 resultaron lesionadas–, debe aplicarse la ley, manifestó Víctor Serrato Lozano, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Nos sumamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para hacer el acompañamiento en las averiguaciones previas que definirán las responsabilidades de los funcionarios que cometieron abusos hace casi dos años, dijo ayer el ombudsman estatal.

En el informe del pasado 25 de noviembre, la CNDH concluyó que en este caso hubo uso excesivo de la fuerza de la Policía Federal (PF), que derivó directamente en la muerte de cinco personas, así como en la ejecución extrajudicial de una más, incluso se aseveró que varios de los agredidos estaban desarmados.

Sin embargo, no se pudo determinar la intencionalidad de ejecución en otras de las muertes ocurridas aquel día, entre otras causas porque la Procuraduría General de Justicia del Estado negó a la CNDH impresiones fotográficas de la necropsia de uno de los cuerpos.

Además, concluyó que el lugar no se resguardó y no se tuvo la debida preservación de la cadena de custodia, al no embalar algunos indicios, evidencias o medios probatorios obtenidos en el sitio. La primera responsabilidad es atribuible a la PF, y la otra a la procuraduría estatal.

Serrato Lozano afirmó que en el caso de Tanhuato, ocurrido el pasado 22 de mayo en el que murieron 42 civiles y un policía federal, dará el mismo respaldo a la CNDH, que continúa desahogando diligencias. Nos sumamos al castigo a los servidores públicos que cometieron esos abusos.

En los límites de Ecuandureo, Tanhuato, sobre la autopista México-Guadalajara, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la PF abatieron al menos a 42 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y detuvieron a tres durante un supuesto enfrentamiento que duró más de tres horas en el rancho El Sol, donde se atrincheraron los delincuentes.

El titular de la CEDH de Michoacán indicó que se tiene que hacer un análisis, caso por caso, de todos los michoacanos que fueron despojados de sus propiedades por el crimen organizado para que regresen a sus legítimos dueños las huertas, las tiendas y todo el patrimonio familiar afectado.