Coordinadores de comités ciudadanos de 20 colonias de la delegación Miguel Hidalgo, entre ellas Polanco, las Granadas y la Anáhuac, interpusieron un juicio de amparo colectivo ante la justicia federal contra la negativa de las autoridades capitalinas a informar y aceptar la participación ciudadana en las acciones para mitigar el caos inmobiliario que se padece en la zona.

Gustavo García, representante legal de los vecinos, refirió que después de la moratoria que aplicó el gobierno capitalino en las colonias Granada y ampliación Granada, de abril a la fecha se han autorizado 80 nuevos desarrollos inmobiliarios, que impactarán aún más el tránsito vial y la dotación de servicios en este polígono.

En entrevista, indicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ordenó elaborar un estudio para realizar un plan maestro en el polígono de las Granadas, pero no se ha hecho público y el organismo ha negado la información a los vecinos con el argumento de que aún se encuentra en trámite.

También, agregó, la dependencia capitalina pretende realizar un fideicomiso privado con la aportación económica de las constructoras, en el cual tampoco se incluye la participación de la ciudadanía.

Este fideicomiso no será un ente obligado en materia de transparencia, tampoco auditable, ni podrá ser investigado por la Contraloría, cuando oficialmente se ha dicho que va a controlar 3 mil 600 millones de pesos, provenientes del cobro que harán a las inmobiliarias para obras de mitigación, que no van a entrar a las arcas del gobierno capitalino, expuso.

Violación a derechos humanos

Gustavo García aseguró que con ello las autoridades capitalinas pretenden resolver los problemas de infraestructura y la falta de planeación en el polígono de las Granadas, pero sin incluir ni consultar a los vecinos.

En ese sentido, explicó que el juicio de amparo va contra las violaciones a los derechos humanos y para exigir se respete su garantía a la información, a la participación y la consulta ciudadana en los proyectos de gran impacto de desarrollo urbano en esta zona.

Añadió: Pedimos la protección de la justicia federal para que se haga público el plan maestro y se suspenda el fideicomiso privado y el sistema de actuación por cooperación, que se impondría para echar a andar las obras de mitigación.

La demanda de amparo ingresó al juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal.

Es un tema novedoso, pero existe un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual emitió para cuando los juzgadores vayan a evaluar casos en materia de megadesarrollos que impacten los derechos humanos de las comunidades donde se llevan a cabo, expuso el representante.