stimado señor Ackerman: durante el presente año he tenido oportunidad de leer sus artículos en La Jornada y en algunas ocasiones, los publicados en Proceso, coincidiendo en sus acertados análisis referentes a la grave situación que vive nuestro país, largamente debida a la ineptitud, la falta de visión y la corrupción de nuestros gobernantes; el llamado que usted hizo en días pasados en nuestro diario me parece tan relevante como necesario; coincido con usted en la necesidad de articular los esfuerzos de la sociedad civil, a lo que desde luego se opone el sistema con todos los medios a su alcance, los cuales son muchos.
La organización de un gran movimiento social se ha dado en el pasado reciente, primero a partir de los sismos de 1985, dando lugar al surgimiento de la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, que sólo pudo ser contenida mediante un gigantesco fraude cometido por el gobierno y seis años después al levantamiento del Ejército Zapatista, denunciando la ilegitimidad del gobierno de Carlos Salinas contrario a los intereses populares. Bien es cierto que ninguna de estas movilizaciones sociales hizo posible el cambio que el país requería y sigue requiriendo hasta hoy, pero dejando una herencia de lecciones que hoy nos habrán de ser útiles.
De estos movimientos concluimos la importancia de los grandes liderazgos nacionales surgidos como referencia unificadora de la sociedad, tal como se han dado en todos los grandes episodios de la historia, complementados en el siglo XX con la idea central de la democracia plasmada en la Constitución: “El poder reside en el pueblo y se instituye para beneficio de éste…”, indicando claramente la obligación del gobierno de obedecer su voluntad, en todos los aspectos de la vida nacional, que hoy el gobierno y el Congreso han pasado por alto.
En La Jornada hemos tomado la decisión de establecer un mecanismo que permita conocer al pueblo de México, cuál es su propio pensamiento y voluntad respecto a los grandes temas de la vida nacional, incluyendo los derechos humanos, las reformas constitucionales, las necesidades que debe atender prioritariamente el gobierno y el destino de los recursos públicos y asimismo evaluar el cumplimiento de los funcionarios públicos de los compromisos contraídos solemnemente con el pueblo, al asumir los cargos que supuestamente éste le ha dado.
Este mecanismo de Consultas nacionales comenzó a funcionar en septiembre pasado en torno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; mantiene hoy abiertas otras cuatro consultas en torno de la reforma educativa, la evaluación de los tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la construcción del nuevo aeropuerto para la ciudad de México y el juicio a Javier Duarte de Ochoa por su actuación como gobernador constitucional de Veracruz, quien hace cinco años, juró “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes…. Y velar… por la seguridad y el bienestar del pueblo de Veracruz…, aceptando que de no hacerlo así, la sociedad lo pudiese demandar”.
En relación con la reforma educativa, en la que más de 90 por ciento de los ciudadanos han manifestado su desacuerdo con las formas en que se ha instrumentado, manifestando que el problema de la mala educación se debe más al propio gobierno que a los profesores, han participado hasta ahora más de 30 mil personas, aunque sólo 14 mil 800 han indicado su clave electoral, conformando un claro posicionamiento que desde luego el secretario de Educación y el propio Presidente de la República se niegan a ver, podríamos preguntarnos ¿qué sucedería si más de un millón o de 2 millones de ciudadanos hubiesen ya participado en dicha consulta con resultados similares?
Me atrevo a pensar que tales funcionarios se la pensarían dos veces, antes de seguir en su necedad, pero más importante aún sería lo que pasaría en la sociedad misma al percatarse de la magnitud de su propia visión. ¿Quién detendría? ¿Qué sucedería si la cuarta o la quinta partes de la población de la ciudad manifestase así su oposición a la construcción del aeropuerto? O ¿si medio millón de veracruzanos coincidiera en su decisión de demandar al gobernador de Veracruz? O ¿si varios cientos de miles de personas manifestaran su rechazo a la verdad histórica sobre Ayotzinapa?
De mi experiencia recuerdo el plebiscito ciudadano de 1993, con el que un grupo de asambleístas del DF se atrevieron a convocar a los ciudadanos de la capital del país, sobre la necesidad y conveniencia de que el jefe de Gobierno fuese electo democráticamente por la población de la entidad. El 21 de marzo de ese año, 331 mil ciudadanos y ciudadanas acudieron a depositar su respuesta a algunas de las cientos de mesas instaladas por voluntarios, que respondieron a tal invitación, indicando su voluntad en torno a la elección del jefe de Gobierno, haciendo posible así, que el primer domingo de julio de 1997, el Distrito Federal eligiera a su jefe de Gobierno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Estamos lejos aún de lograr algo así, pero podemos hacerlo. La seriedad y credibilidad de La Jornada como un diario comprometido con la democracia y con el futuro de la nación constituyen una garantía importante. Cuando platicamos con Andrés Manuel López Obrador sobre la intención de establecer este mecanismo de consultas nacionales, su respuesta fue entusiasta, luego de las elecciones del año 2018
, someteré mi programa de gobierno a una consulta nacional como las que ustedes proponen y retiraré aquellos proyectos que el pueblo de México me ordene.
Hoy contamos nuevamente con un liderazgo fuerte y decididamente abierto a luchar en contra de las políticas que le han sido impuestas al pueblo de México por los gobiernos reaccionarios de décadas pasadas. Un instrumento como el aquí descrito habrá de ser importante para que el pueblo de México pueda indicar a su gobierno y sobre todo a su Congreso cuál es su voluntad respecto a los grandes problemas nacionales y a las estrategias necesarias para cambiar el rumbo actual. Esta es una posible respuesta al llamado de John Ackerman.
