ay una especie de catálogo de buenos propósitos que deberíamos plantearnos para el año que está por comenzar. Por ejemplo, apoyar la liberación de las decenas de miles de mexicanas y mexicanos absurdamente encarcelados por el consumo simple o posesión de mariguana. Existe un cuarto de millón de presos en las hacinadas cárceles de nuestro país; la mayoría de estos internos están acusados de delitos contra la salud y 60 por ciento de todos ellos por delitos relacionados con la mariguana. Basta acercarse a esta realidad para confirmar que se trata principalmente de gente pobre y joven, quienes no tuvieron una adecuada defensa legal, dinero para pagar una fianza o recursos para corromper a las autoridades para que los dejara libres. Cada preso o presa genera una herida profunda en su familia, el abandono de los hijos, nuevos circuitos de delincuencia o diversas formas de explotación. Todo en perjuicio de la propia sociedad.

Es fundamental que se haga justicia y por fin se aclare el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el mundo entero no se pueden explicar cómo un gobierno con todos sus recursos es incapaz de dar una explicación creíble sobre estos hechos, por demás demostrativos de un escenario generalizado de violación a los derechos humanos más elementales.

No hay excusa para seguir manteniendo en nuestro país un salario mínimo de miseria, que ha sido exhibido como uno de los más bajos del mundo, producto de una política deliberada del gobierno y los empresarios, que de esta manera aseguran la apropiación de buena parte del esfuerzo de los trabajadores. Este grotesco salario mínimo, incrementado recientemente con bombo y platillo en tan sólo tres pesos, ha tenido efectos desastrosos en la economía nacional al restringir el mercado interno. Debemos pugnar y actuar para vencer en este año las tácticas dilatorias para su recuperación.

2016 será un año de elecciones intermedias: se renuevan 12 gubernaturas y hay comicios en 13 estados de la República, y ya está operando la maquinaria para manipular y controlar el voto ofreciendo empleos, contratos y dádivas. Las comunidades más pobres, irónicamente las que resultarían más beneficiadas con un cambio de régimen, son la clave; su grado de necesidad y postración son la materia prima para el control. Superar la compra del voto es esencial para suprimir el régimen autoritario y corrupto que nos agobia.

Es importante avanzar en la exhibición pública del Partido Verde, mal llamado ecologista, como ejemplo vivo de la corrupción y la impunidad, impulsor de las peores prácticas de la política y la antítesis de los partidos verdes del mundo. El tema ambiental es tan importante que es inaceptable permitir que este negocio de cuates y familiares acapare ese espacio.

En junio de 2016 entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en todo el país. Puede ser una buena noticia para lograr un cambio en este renglón de tanto contenido humano. Lo deseable es que no se retrase su implementación y se otorguen todos los medios para su funcionamiento integral.

Algunos temas de gran importancia fueron soslayados por el gobierno en el año que termina y que habría que retomar; nos referimos a las tres principales promesas sociales del presidente Enrique Peña Nieto cuando fue candidato: la pensión y el sistema de salud universales y el seguro de desempleo, derechos esenciales para reducir la pobreza y la desigualdad. No olvidemos que estos compromisos fueron la justificación para echar a andar la reforma fiscal; esta última se aprobó y las promesas se quedaron sin cumplir, sin ninguna justificación.

En el plano laboral hay varios propósitos en la agenda. En el Senado está pendiente la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado ya por el Presidente de la República. Con él se adquiere el compromiso de transitar hacia un sistema decente de negociación de las relaciones de trabajo; sin embargo, la firma no será suficiente, es menester que en la práctica se implemente su cumplimiento. Otra tarea legislativa pendiente es la aprobación de la reforma a la ley laboral, tendiente a evitar la práctica de las renuncias en blanco, que operan en más de 60 por ciento de los despidos injustificados.

Se anuncia para los primeros meses de 2016 una reforma laboral procesal; ello forma parte de la llamada justicia cotidiana y está vinculado a las exigencias internacionales para que México transite hacia un régimen elemental de respeto al estado de derecho. Se ha creado ya una comisión para este fin y se ha informado sobre una consulta nacional. A pesar de todo ello, el tema se ha tratado en un ambiente de gran opacidad y con invitados a modo. Es fundamental dar transparencia a este proceso y abordar los temas de fondo de la justicia laboral.

En los primeros días del próximo año los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Cultura tomarán decisiones fundamentales en relación con el tipo de sindicato que deberán crear. Es deseable que tengan la visión para constituir un sindicato que incluya a todos los trabajadores, respetando la autonomía de cada uno de los sectores que dan vida a esta nueva dependencia y convertirse en un factor positivo para la defensa de sus derechos y de sus instituciones. Crear gremios aislados sería un lamentable error que generaría debilidad y división.

Cuatro últimos deseos nos abordan de repente. El primero, que los trabajadores del Instituto del Agua ganen su amparo para hacer valer su legítimo derecho a la negociación colectiva y detener la estrategia gubernamental para cancelar este derecho colectivo a los trabajadores de los organismos descentralizados. El segundo, que las autoridades de la ciudad de México escuchen la queja de los trabajadores de El Colegio de México, cuyo patrimonio sindical fue despojado en un asalto y robo a sus instalaciones; ha sido sinuoso su peregrinar para lograr que la averiguación previa avance y no ha existido autoridad que los escuche. El tercero, la excarcelación de Gustavo Labastida Andriano, preso político laboral desde el 17 de agosto de 2014, dirigente del sindicato de Bata-Sandak en Tlaxcala; la empresa trasnacional zapatera Bata quiere obligar a los dirigentes del sindicato a desistirse de la defensa de la fuente de trabajo y de su lucha para lograr el respeto al contrato colectivo. Para terminar, desearía que desde el inicio del próximo año pudiéramos escuchar de nuevo, todas las mañanas, a Carmen Aristegui.