íder del grupo de autodefensas de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, Cemeí Verdía Zepeda fue puesto en libertad el jueves pasado, luego de que el juzgado tercero de lo penal en Morelia estableció que no hay pruebas para procesarlo por el delito de homicidio calificado.

Como se recordará, el dirigente fue detenido el pasado 19 de julio por efectivos de la policía estatal, el Ejército y la Policía Federal, e inicialmente acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Su captura y reclusión en un penal de Tepic, Nayarit, generaron diversas movilizaciones de protesta de pobladores de diversas localidades de la sierra y costa nahua, acciones que a su vez desembocaron en tensión y violencia. En uno de esos episodios, habitantes de Ostula que bloquearon un puente vehicular fueron atacados a balazos por efectivos militares, y en ese contexto fue muerto un menor de la localidad.

Cuando los abogados del líder nahua demostraron que las armas y el vehículo blindado por los que fue detenido le habían sido proporcionados por la propia Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en razón de que Verdía pertenecía a la Fuerza Rural, un juez federal le concedió la libertad por falta de elementos. Sin embargo, el dirigente fue recapturado de inmediato y acusado por delitos electorales, homicidio y robo calificado, y con base en esas nuevas imputaciones fue enviado a la prisión de Mil Cumbres.

De entonces a la fecha tales cargos se fueron desmoronando uno a uno, y el jueves, finalmente, Verdía fue exonerado del último que quedaba pendiente: homicidio calificado.

Desde el momento mismo de su detención, los pobladores de Ostula han señalado que el líder de las autodefensas locales ha sido víctima de fabricación de ilícitos y de persecución política. Los expedientes judiciales parecen darles la razón. Para colmo, las autoridades estatales y federales incumplieron los acuerdos que suscribieron con los habitantes de la región, tanto en lo que se refiere a combatir a la delincuencia organizada en forma eficiente, como en lo relacionado con la incorporación de los autodefensas a la Fuerza Rural.

Por lo demás, Cemeí Verdía es sólo uno de los ciudadanos que han sido injustamente reducidos a prisión por haber tomado las armas para defenderse de una delincuencia organizada que, durante años y lustros, se ha enseñoreado en diversas regiones del estado y otras entidades con la complacencia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno. En situación semejante se encuentran aún Manuel Mireles, de Tepalcatepec, Michoacán, y Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, en el vecino Guerrero, por mencionar sólo a dos de decenas de personas que permanecen en la cárcel por haberse enfrentado a la descontrolada criminalidad.

Si bien cabe congratularse por la liberación de Verdía, no puede dejarse de lado el hecho de que su caso constituye un atropello que debe repararse y sancionarse conforme a derecho, como debe hacerse también con quienes aún están en prisiones mientras los delincuentes a los que combatieron permanecen libres e impunes. Es difícil imaginar una distorsión mayor de la justicia.