Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El juzgado tercero del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla dictó formal prisión a Carlos Alberto Díaz Hernández, representante legal de la empresa DSI Elecciones SA de CV, por delitos electorales, fraude y asociación delictuosa, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Díaz Hernández fue recluido en el penal El Amate donde enfrenta proceso penal por hechos que habrían permitido manipular los votos en favor del candidato a diputado migrante Roberto Pardo Molina (del Partido Verde Ecologista de México), pues cuando los electores que fueron agraviados y viven en Chiapas quisieron votar en las casillas que les correspon-dían, no pudieron pues no aparecían en la lista nominal local.

Pardo Molina fue desaforado hace dos semanas por el Congreso local para ser procesado por delitos electorales en los comicios del pasado 19 de julio, cuando compitió como candidato a diputado para representar a los migrantes chiapanecos radicados en el exterior. El PVEM lo expulsó de sus filas.

Para celebrar las elecciones, Díaz Hernández firmó el contrato de prestación de servicios informáticos entre su empresa DSI y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC) para realizar el programa de implementación del voto electrónico de los chiapanecos residentes en el extranjero para la elección de la fórmula especial de diputados locales.

Por medio de sistemas computacionales, DSI iba a realizar la recepción de solicitudes y registro de electores, integración de la lista nominal aprobada, la operación del voto electrónico y el cierre de la votación electrónica.

La PGJE detalló que en la integración de la averiguación previa 005/FE/2015, las fiscalías Electoral y Especializada en el Combate a la Corrupción detectaron irregularidades en el proceso.

Destaca que la empresa inscribió a electores chiapanecos en el listado nominal, sin que ellos lo hayan solicitado ni radicaran en el extranjero, lo que se comprobó con el testimonio de ciudadanos. Además, se acreditó que los electores aparecían en la lista nominal de chiapanecos radicados en el extranjero, a pesar de no vivir fuera de México.

Las pruebas recabadas configuraron un delito electoral, dado que la empresa alteró documentos públicos (listado nominal de electores chiapanecos radicados en el extranjero).

También hubo fraude contra el IEPC, por el engaño y la manipulación de que fue objeto en el programa informativo creado por la empresa DSI Elecciones SA de CV.