El incremento significativo de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras las reformas en materia de corrupción, potenciarán su impacto, pero si en la legislación secundaria no se deslindan sus atribuciones, la ampliación puede resultar excesiva. Sin un aumento de presupuesto o la identificación de eficiencias, asumir responsabilidades adicionales puede resultar insostenible, advierte un informe del propio organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados.

Del nuevo diseño legal para alentar la transparencia, reforzar la fiscalización y combatir casos de corrupción se desprende que la ASF “será líder en los tres sistemas: Comité de Coordinación (del Sistema Nacional Anticorrupción) y parte medular de los comités rectores de los sistemas Nacional de Transparencia y de Fiscalización. Sin embargo, la ASF advierte que su éxito dependerá también de la actuación eficaz de otros actores, como la Secretaría de la Función Pública.

En el nuevo diseño institucional se contempla la obligación de que la ASF realice auditorías en relación con el año fiscal que corre, es decir, auditorías en tiempo real y, de forma importante, audite el intercambio de ingresos (por ejemplo, participaciones) entregados a los estados, así como los ingresos obtenidos por entidades subnacionales a través de créditos garantizados por el gobierno central.

En un ejercicio comparativo de la ASF con los tiempos en que se auditan los recursos en otros 13 países, sólo España (21 meses) y Reino Unido (19), están por arriba de los 14 meses que en México tardan estos procedimientos. En contraste, Australia, Brasil, Francia, Holanda, Sudáfrica y Estados Unidos, auditan los recursos en un plazo menor a los seis meses.

Sin embargo, la ASF advierte sobre la importancia de compaginar el aumento de auditorías con la calidad de su realización, sin perder de vista la diversidad que existe de estos ejercicios. Esto es, debería contemplar (la ASF) sus fortalezas y debilidades en relación con otros actores responsables de las agendas de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia, pues los posibles puntos débiles podrían incluir limitaciones respecto del tipo de auditorías realizadas.

En 2014, por ejemplo, la ASF elaboró 149 auditorías de desempeño, 748 financieras centradas en su desempeño, 608 de cumplimiento financiero, 133 de inversiones y 10 forenses, para un total de mil 648.

La mayor frecuencia con que ahora la ASF deberá reportar le permitirá acercarse a los parámetros internacionales de fiscalización que favorecen más rapidez para maximizar su utilidad. Sin embargo, según consideraciones de expertos internacionales consultados por la ASF se detectó que en México hay una falta de capacidad de respuesta de los sujetos auditados y la forma en que en su momento lo realizan.

De acuerdo con el diseño institucional que deberá estar concluido en 2016, se perfila que la ASF tendrá el mandato de investigar y sustentar, junto con otras entidades de control interno, los casos de delitos administrativos graves, que son después decididos y en última instancia sancionados por el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, responsable de imponer las sanciones.

La ASF subraya que en su momento, cuando opere la Fiscalía Especial Anticorrupción, tendrá también responsabilidad de investigar, por lo que es fundamental que en la legislación se eviten las duplicidades y sobreposiciones, de modo que cada institución realice sus obligaciones.