La iniciativa de ley general en materia de desapariciones, enviada recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, no cumple con las exigencias de las víctimas de desaparición forzada ni con los estándares internacionales prometidos, alertaron diversas organizaciones y centros de derechos humanos agrupados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

Además, en un análisis de la iniciativa, se critica severamente que no sólo haya sido presentada el 10 de diciembre, es decir, en el último minuto del periodo legislativo –que concluyó el día 15–, sino que no toma en cuenta la mayoría de las propuestas y exigencias presentadas por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

Junto con una lista de 15 observaciones de fondo a la iniciativa presidencial, las organizaciones lamentan la omisión en que ha incurrido el Senado, pues tuvo tres meses para iniciar la discusión, análisis y consulta para expedir una ley general y no lo hizo, con el pretexto de que esperaría la iniciativa del Ejecutivo federal. Este retraso, señala, tiene como consecuencia que la discusión de dicha legislación inicie hasta el mes de febrero de 2016, fecha en que empieza el próximo periodo ordinario de sesiones.

Este retraso, insiste la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, viola el plazo constitucional que los mismos legisladores se dieron de 180 días para aprobar esta ley general, periodo que formalmente vence el 19 de enero. Pero sobre todo demuestra nuevamente la falta de interés y voluntad política para legislar en la materia.

En su posicionamiento, las organizaciones integrantes de la campaña recuerdan que desde el 3 de septiembre del 2015 entregaron una propuesta de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares, iniciativa que actualmente cuenta con aval de 274 organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares y más de mil personalidades y que, al igual que las tres iniciativas restantes, se encuentra en discusión en las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos.

De entrada, en su primera observación, criticaron el hecho de que desde el título de la iniciativa de ley no se incluya la palabra forzada. Invisibilizar la desaparición forzada es una afrenta a la memoria y a la exigencia de justicia de las miles de víctimas, y de alguna manera se beneficia a los agentes del Estado, señalan las organizaciones y centros de derechos humanos.

Firmado por los comités Cerezo México, de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y el de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, el posicionamiento advierte que esta negativa de incluir el término desaparición forzada implica negar que en nuestro país dicha desaparición es una política de Estado, que muestra planificación y sistematización y, que se utiliza para ir en contra de cualquier persona o grupo de personas que contravengan los intereses del Estado mexicano.

En otra de sus 15 observaciones, denuncian que la iniciativa elude nuevamente retomar la definición adoptada por organismos internacionales para este delito, haciendo referencia, una vez más, sólo a los servidores públicos como los responsables de la comisión de la desaparición forzada, y dejando fuera a las fuerzas armadas, militares y demás agentes del Estado que cometen esta grave violación a los derechos humanos”.