En la etapa final de la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Transparencia, el instituto nacional en la materia remitió sus recomendaciones a la Cámara de Diputados (única instancia que falta por aprobarlas), en las que demanda la posibilidad de acudir como tercero interesado en los casos en que la Consejería Jurídica impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sus resoluciones por motivos de seguridad nacional.

Asimismo, otra de las prioridades tiene que ver con preservar las facultades para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pueda ordenar la apertura de expedientes relacionados con averiguaciones previas bajo dos supuestos: violaciones graves a los derechos humanos y cuando se presuman actos de corrupción, cuyo conocimiento para la sociedad sea considerado fundamental para evitar su repetición.

En un documento que contiene las 10 prioridades del Inai para la nueva Ley Federal de Transparencia –que deberá ser aprobada en el próximo periodo de sesiones del Congreso– prevé también aspectos administrativos, en particular en el rubro disponibilidad presupuestal. En sus consideraciones, el Inai señala que hay un artículo transitorio en la minuta remitida por el Senado a la Cámara de Diputados en el cual se advierte:

En los términos planteados, se limitaría la facultad del instituto de requerir los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal y las derivadas de la Ley General. No obstante, no pasa desapercibido que la interpretación de la ley implica establecer programas y actividades que actualmente no se han ejecutado.

Para los comisionados esto limitaría la posibilidad financiera, aunque recientemente, ante la suficiencia presupuestaria, aprobaron, en uso de su autonomía, un bono de cinco días a todo el personal y se avalaron un pago de riesgo de 208 mil pesos por cada comisionado, por lo delicado de sus funciones al revisar casos de seguridad nacional.

Una de las prioridades principales del Inai es tener la posibilidad de defender sus resoluciones ante la SCJN cuando la Presidencia de la República –vía su consejero jurídico– impugne sus decisiones por motivos de seguridad nacional, único caso que prevé la ley. En la actualidad, los ministros ya tienen un primer caso, pues se interpuso el recurso relacionado con las bitácoras de los vuelos de las aeronaves asignadas a Los Pinos.

Es de la mayor relevancia reconocer como tercer interesado tanto al sujeto obligado como al recurrente (al trascender la esfera jurídica de éste la determinación que se adopte en el recurso), así como al instituto, a efecto de que sean consideradas sus manifestaciones para defender la resolución y argumentar a favor de mantener la publicidad de la información.