l 16 de diciembre, a casi 15 meses de la tragedia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que en el expediente del caso Iguala no hay cerrazón ni carpetazo al tema. La investigación continúa. El funcionario dijo que se buscan nuevas líneas de investigación para saber qué sucedió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 normalistas detenidos y desaparecidos por agentes del Estado mexicano, y pidió dejar a un lado las especulaciones respecto del basurero de Cocula, con lo que pareció apartarse de la verdad histórica del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, quien el 27 de enero último afirmó: “Sin lugar a dudas (…) los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero) y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

No obstante, y a pesar de la aparente disposición del gobierno federal a tomar nuevas rutas en la investigación, los familiares de los desaparecidos afirman que aún hay fuerte resistencia para que soldados del 27 batallón de infantería de Iguala, quienes estuvieron presentes en los escenarios de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, puedan ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Desde el inicio de su trabajo, el GIEI señaló la importancia de entrevistar a personal del batallón 27 para conocer detalles sobre los hechos y obtener posibles elementos de búsqueda. Durante meses, la respuesta del Estado Mexicano fue que se estaba evaluando la petición; después, que el mecanismo sería la PGR; luego, que no sería dicha institución por motivos legales, y finalmente que el GIEI tendría que dar su cuestionario cerrado a la PGR sin estar presente en las declaraciones. Como señaló el grupo, eso contrasta con que el Estado les pidió facilitar que los alumnos de Ayotzinapa dieran su testimonio, cosa que ellos hicieron para generar confianza, y en esa toma de declaraciones estuvieron presentes como parte de la investigación.

Cabe consignar que durante nueve meses, a pesar de contar con declaraciones de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 y de que éstas eran muy relevantes sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del Ejército, tal como había alertado el GIEI. Incluso, los días 26 de agosto y 11 de septiembre pasados 11 militares se presentaron a dar su declaración o a ampliarla ante la PGR, sin que esa diligencia se informara al GIEI, la cual actúa como coadyuvante en el caso. Esos 11 militares están en una lista de 27 proporcionada por el GIEI a las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. A pesar de la marrullería de la PGR, el GIEI analizó las declaraciones de los soldados, pero debido a la forma en que se tomaron (a la mexicana, pues) no se sabe qué preguntó el MP en los interrogatorios. A juicio de los expertos, tales declaraciones dejan muchos aspectos claves pendientes de profundizar.

Existen evidencias de que al menos 36 oficiales y soldados pertenecientes al 27 batallón de infantería, entre ellos integrantes de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI, inteligencia militar) y el propio comandante de la unidad, coronel José Rodríguez Pérez −quien estuvo en contacto permanente con su superior, el general Alejandro Saavedra, a cargo de la 35 Zona Militar−, estuvieron en parte de los escenarios de los crímenes, lo que para el GIEI da cuenta de una coordinación central u operativa de las fuerzas de seguridad del Estado, y de un mando que dio las órdenes hasta llegar a la desaparición de los 43 estudiantes.

Por ello el GIEI considera que se necesita rentrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos. El GIEI ha preparado un documento con las preguntas que quiere hacer a los 27 militares de su petición inicial. Sin embargo, el grupo señala que si no está presente en dichas entrevistas no podrá evaluar la calidad de la información aportada, repreguntar sobre la misma ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves.

El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha asumido el caso como algo personal y es el principal obstáculo para que se pueda cumplir con la petición del GIEI. El 5 de octubre, el jefe de la Sedena escenificó una inusual comparecencia mediática en el principal noticiario de Televisa, donde reiteró su negativa a que integrantes del GIEI hablen con los soldados del 27 batallón. Dijo: “Es muy grave querer involucrar al Ejército en estos hechos, sólo porque a alguien se le ocurrió (…) Nosotros sólo respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas (…) No estoy dispuesto a permitir que gente desconocida, que no son mexicanos (…) interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahora, ningún delito (...) ¿Qué quieren saber? Ya está todo declarado. No puedo permitir que los traten como criminales (…) Esa es mi posición y de ahí no me voy a salir”.

El 20 de octubre, en Washington, la presidenta de la CIDH y el relator para el caso México, Rose Marie Antoine y Ja­mes Cavallaro, respectivamente, preguntaron a los subsecretarios Roberto Cam­pa y Eber Omar Betanzos si la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario del ramo dependen del Presidente de la República y de la autoridad civil, y si el jefe de la Sedena puede decidir quién sí va o no a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del jefe del Ejecutivo. Si bien Campa respondió que el Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas, para sus interlocutores no quedó claro el asunto…