a salvaje represión a los campesinos de Atenco que defendían sus tierras, los heridos y muertos, las violaciones a mujeres y varones, las condenas de más de 100 años de cárcel a los dirigentes, llevaron acaso a la condena de los responsables y mandantes de esas violaciones brutales de los derechos humanos y de las leyes, comenzando por el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto? ¿El terrorismo de Estado ejercido a cada rato contra quienes se movilizan, como los normalistas de Ayotzinapa, los maestros de Oaxaca o de Chiapas, ha tenido quizás como consecuencia medidas penales contra los mandantes, como los jefes de las fuerzas represivas, los gobernadores o el presidente Peña Nieto? ¿Hay presos entre ellos?

El semi-Estado mexicano, entre tantos atributos perdidos en su sometimiento al neoliberalismo y a las imposiciones del capital financiero internacional, dejó por el camino hasta la ficción de una justicia independiente del Poder Ejecutivo, así como la independencia formal de éste del capital internacional y de Estados Unidos.

Las violaciones brutales y masivas de las leyes y de la Constitución hasta 1980 eran momentáneas y, en cierto modo, excepcionales (como en la represión del henriquismo o ante los movimientos sociales en 1968, 1970, 1976), porque los gobiernos aún tenían consenso y podían gobernar con asesinatos o detenciones selectivas de dirigentes huelguistas o campesinos. Con los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en cambio, esas violaciones son cosa cotidiana, tal como son la ocupación militar del país y la transformación de las fuerzas armadas en una policía totalmente vulnerable a los cañonazos de 50 mil pesos del narcotráfico internacional.

La justicia, constitucionalmente, debería controlar o corregir los excesos del Poder Ejecutivo y el servilismo ante éste y los famosos poderes de facto del Poder Legislativo. No sólo no lo hace, sino que se pone a los pies de Los Pinos, cuyo poder a escala nacional es similar al de una monarquía absoluta (a escala internacional es un perrito faldero). Una marioneta grande, ignorante e incapaz, manda así a otras marionetas más pequeñas y reptantes que teóricamente deberían controlarla y el país, totalmente ajeno a este tinglado, sufre sin embargo las consecuencias de esta subversión de la Constitución.

El símbolo de la justicia es una joven y grave dama con los ojos vendados para no ver a quien penaliza o favorece que, majestuosamente, ostenta una balanza en la que pesa equitativamente los pros y los contras y una espada para hacer cumplir sus veredictos. Pero, como imagen, sería más adecuada la de una ajada y desaliñada gerente de burdel que lo administra para sus patrones y favorece a sus protegidas. Porque, como escribía José Hernández, la ley es como el cuchillo/ no ofende a quien la maneja. O sea, detrás de los fallos hay intereses de clase y de grupo. Por supuesto, hay ovejas negras en ese sistema, es decir, jueces íntegros y decentes, preocupados por el futuro del país que, por raros, merecen doble respeto de sus conciudadanos. Pero aquí no me refiero a ellos, sino a la institución en sus condiciones actuales.

¿Cómo es posible, en efecto, que desde hace más de dos años Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, esté encarcelada por combatir el crimen organizado y la corrupción policial y judicial? Nestora y la policía comunitaria, elegida y controlada por la asamblea de los habitantes de Olinalá, encarcelaba y sometía a trabajos socialmente útiles a violadores, ladrones de ganado y narcotraficantes, a quienes la policía estatal extorsionaba y dejaba en libertad. Ahora Nestora está presa por secuestro (la detención de los delincuentes) y asociación para delinquir (la pertenencia a un organismo legal, la policía comunitaria) a pesar de que hasta el propio gobernador de Guerrero ha protestado por esta injusticia evidente que desde hace más de dos años clama al cielo. La única explicación posible es que el gobierno tiene a Nestora como rehén y quiere aterrorizar y escarmentar a las autodefensas guerrerenses. O sea, el terrorismo de Estado, aberrante, ilegal, que en un país civilizado y con estado de derecho sería condenado claramente tras dejar de inmediato en libertad a la comandante Nestora Salgado.

¿Cómo es posible también que exista un brillante funcionario policial-judicial que pueda creer que un filósofo conocido como el doctor Félix Hoyo Arana, con dos doctorados y 40 años de docencia en las universidades Autónoma de Chapingo y en Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, pueda ser sospechoso de asesinar a su esposa Olga, enferma síquica a la que cuidó amorosamente por más de tres décadas? Todo lleva a sospechar que ese sospechosismo judicial del Sherlock Holmes en cuestión o tiene motivos particulares de odio contra el acusado doctor Félix Hoyo o intenta arrancarle dinero a cambio de que el debido proceso prosiga en condiciones de libertad para la doble víctima: de la muerte de su esposa por un trágico accidente y de la arbitrariedad policial-judicial que lo tiene preso y no lo dejó ni asistir al entierro de su mujer. En cualquiera de las dos posibilidades –intereses privados o intento de extorsión– el caso es grave y debería ser investigado por el juez mientras el doctor Félix Hoyo Arana –que es una persona intachable y no escaparía de la justicia– debería ser procesado, pero en libertad y trabajando, con utilidad para la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto.

Las aberraciones judiciales son muchas: basta pensar en la represión a los maestros o a los normalistas, para sólo mencionar los casos más recientes. Es urgente defender los derechos civiles y humanos como base para poder organizar una asamblea constituyente en la que los mexicanos decidamos qué país queremos, qué leyes imponemos, cómo defenderemos las conquistas, las libertades y los bienes comunes que nos han sido arrebatados.