Guadalajara, Jal.

El titular de la Fiscalía General de Jalisco (FGE), Eduardo Almaguer, ordenó una revisión administrativa de la actuación de los policías que participaron en la detención de Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López, indígenas nahuas, contra quienes Marcelino Bracamontes obtuvo órdenes de arresto por presunto despojo de tierras.

Todas las actuaciones en materia penal y los mandamientos de una autoridad responsable, en este caso del Poder Judicial, serán revisadas con minucia y no se ejecutarán hasta que las revise el área jurídica que depende del fiscal general, expresó Almaguer.

Monroy y De los Santos, defensores de los recursos comunales de la etnia, fueron detenidos el 15 de diciembre en el ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, cuando policías llegaron buscando a Gaudencio Mancilla Roblada, representante del consejo de mayores de los nahuas.

El fiscal dijo que pidió una revisión administrativa, a partir de lo cual ya no se ejecutaron 20 órdenes de arresto que faltaban. También reconoció las anomalías de un proceso en el que se emitieron 22 órdenes de detención conjunta.

Las órdenes fueron otorgadas por el juez mixto de primera instancia del municipio de Cihuatlán, David Axel Ruvalcaba, luego que el denunciante logró en apelación que la primera sala del Tribunal de Justicia del Estado pidiera las detenciones.

No fue una orden de la FGE, el caso está sujeto a revisión pues la fiscalía no se va a prestar a que los litigios de tierras se resuelvan por la vía penal y a partir de la utilización de la justicia para presionar a estos líderes sociales, expresó Almaguer.

Indicó que la autoridad debe ser equilibrada y encontrar justicia, sobre todo porque los detenidos son líderes que luchan por preservar sus tierras, donde hay un potencial natural, y en los últimos años gente y empresas poderosas los han presionado.