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Lo acusan de despojo agravado de un terreno; con él también fue detenida una activista

Aprehenden a dirigente nahua en Jalisco, opositor a minería de tajo

Los arrestos, “un eslabón más de la cadena de injusticias contra indígenas del sur del estado: MC

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Una de las reuniones de la comunidad nahua en Ayotitlán, Jalisco, realizadas en 2013 para defender las tierras en disputa. El activista indígena Miguel Monroy, junto con Marciana de los Santos, otra integrante del grupo étnico, fueron detenidos el pasado 16 de diciembre por la Fiscalía General del EstadoFoto Arturo Campos Cedillo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2015, p. 26

Guadalajara, Jal.

El dirigente nahua Miguel Monroy Gerardo fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), acusado del despojo agravado de un terreno ubicado en el municipio de Cuautitlán de Barragán, el cual disputan comunidades indígenas con un empresario al que señalan de invasor, informaron diputados federales y locales de Movimiento Ciudadano (MC).

Junto con él también fue detenida Marciana de los Santos López, integrante de la comunidad ejidal de Ayotitlán ubicada en ese municipio que se localiza 300 kilómetros al sur de esta capital, cerca de la costa y en los límites con Colima.

Ambos encabezan la resistencia de los indígenas del sur de Jalisco contra la minería de tajo, a cielo abierto, y el despojo de sus recursos naturales por empresas mineras o grupos de la delincuencia organizada.

La FGE confirmó la detención de los dos indígenas el pasado día 16 de diciembre y ambos se encuentran a disposición de las autoridades bajo término legal ampliado en tanto se deslindan responsabilidades, tras una orden del juez décimo de distrito.

Monroy Gerardo es delegado de la comunidad de Ayotitlán ante el Consejo Estatal Indígena y fue detenido a pesar que el particular que lo acusa de despojo no ha probado ser el legítimo propietario de las tierras que reclama, enclavadas en una de las muchas vetas ferrosas susceptibles de ser explotadas por las empresas mineras.

En 2007, el líder nahua fue uno de los que exhibió el despojo a los indígenas por el crimen organizado de la mina Los Juanes, un yacimiento rico en minerales que años después se comprobó era explotado ilegalmente por grupos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación.

El abogado del dirigente indígena, Jaime Hernández, denunció que la fiscalía realizó un operativo en la sierra a fin de detener a 22 líderes de esa comunidad, aprovechando que la mayoría se encontraban reunidos en la plaza preparando las festividades navideñas.

Conflicto con minera desde los 60

En esta zona, desde los años 60 la empresa minera Peña Colorada enfrenta conflictos con pobladores de Ayotitlán debido a que la mayor riqueza en yacimientos se encuentra en territorio nahua.

En noviembre de 2012 otro líder nahua, Celedonio Monroy Prudencio, fue secuestrado por un grupo armado en su propia vivienda, también en el municipio de Cuautitlán, sin que hasta la fecha las autoridades hayan dado con su paradero pese a las reiteradas denuncias de ese grupo y organizaciones civiles.

En 2013 fue detenido Gaudencio Mancilla Roblada, uno de los principales líderes nahuas, quien acusó a la FGE de haberlo torturado cuando fue trasladado a Guadalajara. Mancilla, que se perfilaba para alguna candidatura que diera voz a los indígenas en el municipio, perdió sus derechos políticos por esta detención.

Los diputados de MC denunciaron este viernes las detenciones como un eslabón más de una cadena de injusticias y arbitrariedades contra la comunidad nahua del sur de la entidad.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Con- greso local, Fela Pelayo, exhortó a las autoridades estatales a liberar a Monroy y a De los Santos, con la reparación del daño; además, anunció que será presentado en los próximos días un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue las presuntas violaciones a las garantías de los pueblos indígenas jaliscienses.

También se propondrá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar a las autoridades competentes a que se promueva, respeten y protejan los derechos humanos de los pueblos indígenas en la entidad.