La Asociación Pro Defensa de Víctimas del DIF denunció que tienen documentados 20 casos de menores de edad que el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de Baja California ha entregado en adopción, de manera irregular e ilegal, o en algunos casos la desaparición de niños y niñas, todas menores de 12 años de edad, en los pasados dos años.

En una manifestación frente a la sede nacional del DIF, en la ciudad de México, Irma Garrido Ortigosa, asesora de la organización, informó que ya fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

Además, señaló que de manera inexplicable las autoridades del DIF estatal se han negado reiteradamente a responder y acatar diversos ordenamientos legales emitidos por los juzgados que llevan los casos, en los que se ha solicitado infructuosamente información sobre el paradero de los menores.

En una carta dirigida a la presidenta del DIF nacional, Angélica Rivera de Peña –entregada antes del acto–, solicitan su intervención directa en estas denuncias, y le notifican que recurrirán a organismos internacionales como Save The Childreen México, a fin de que realice una investigación externa del caso.

Garrido Ortigosa destacó que para nadie es desconocido el clima de inseguridad y delincuencia organizada que está presente en la ciudad de Tijuana, por lo que diversas organizaciones de la sociedad en la entidad están preocupadas porque estos casos pudieran estar ligados a delitos de trata y tráfico de personas, o algún otro de mayor gravedad. Lo real, dijo, es que hay fuerte reticencia de las autoridades estatales para proporcionar la información requerida por los jueces.

La también integrante de la Fundación Reactiva Tijuana informó que en los 20 casos denunciados –todos en la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid– están involucrados diferentes albergues de la entidad, todos bajo la custodia y supervisión del DIF estatal.

Dijo que Claudia Martínez Villa, directora de la Asociación Pro Defensa de Víctimas del DIF, es una de las afectadas y actualmente ha solicitado un amparo contra la institución, pues durante dos años tuvo la custodia provisional para adoptar a una bebé, en tanto concluía los trámites legales. Sin embargo, al entrar la nueva administración estatal, de un día para otro la niña, de nombre Crystal, desapareció de las instalaciones del DIF.

La explicación que dieron las autoridades es que la menor ya había sido entregada a otra familia, pese a que el expediente de adopción ADO/TIJ/008/2014 no tenía ningún problema. Hasta el momento, el DIF estatal se ha negado a proporcionar información sobre el paradero de la menor.