El presidente Enrique Peña Nieto informó al Senado que se busca formalizar las pruebas y los nuevos indicios que ha obtenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de generar nuevos elementos que permitan acreditar la probable responsabilidad de quienes hayan intervenido en el caso Iguala.

En el documento en que da respuesta a las preguntas parlamentarias que formularon PRI, PAN, PRD y PT, Peña Nieto señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) tomará en cuenta las aportaciones del GIEI en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

En sus respuestas, el jefe del Ejecutivo federal destacó que la investigación a cargo de la PGR no ha concluido, sino que se encuentra en etapa de integración, por lo que resulta fundamental que se integre el Informe Ayotzinapa: investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas, presentado por el GIEI en septiembre pasado.

Explicó que hasta el 29 de octubre de este año el gobierno federal recibió 23 oficios del GIEI con 178 peticiones de los expertos, de las cuales se han desahogado 144 y 37 están en vías de hacerlo por conducto de las diversas autoridades requeridas.

En el documento, Peña Nieto insistió en que el caso no se cerrará hasta que todos los responsables sean consignados.

En respuesta a una pregunta del PAN acerca de la labor de la Gendarmería, el Presidente sostuvo que entre sus responsabilidades ha estado dar apoyo total a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

Aseveró que la actuación de la PGR ha sido transparente en la investigación del caso Ayotzinapa y ha permitido la detención de 111 personas, contra las cuales se ejerció acción penal.

Aunado a ello, agregó, el gobierno federal impulsó un conjunto de acciones orientadas a generar cambios de fondo que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho, en todo el país. Como parte de esas medidas, mencionó el envío de las iniciativas de ley en materia de desaparición forzada y tortura.

Por otra parte, Peña Nieto destacó que es necesario contar con una ley nacional de ejecución penal, que actualice el marco normativo del Sistema Penitenciario, con la finalidad de modernizarlo y mejorarlo mediante la incorporación de las recomendaciones presentadas por instancias internacionales en materia de derechos humanos.

Reconoció que el sistema penitenciario tiene una sobrepoblación de 26 por ciento, ya que está conformado para 203 mil internos y actualmente alberga a 256 mil reclusos.