Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que con la decisión de decretar el auto de libertad a las 22 alumnas de Michoacán, se confirma que estamos en lo correcto al exigir que el Estado deje de criminalizar a los profesores y los estudiantes normalistas.

Destacaron que las autoridades judiciales tuvieron que reconocer que no podían acreditar el delito de uso de armas de fuego y explosivos, porque no se trata de criminales, sino de futuras maestras.

Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostuvo que el gobierno se sigue equivocando si piensa que con el uso de la violencia y la criminalización de quienes nos oponemos a su reforma educativa, que afecta en gran medida a los futuros docentes, podrá allanar el camino para su aplicación en el país.

Destacó que desde que se conoció la detención de los 52 normalistas –30 hombres y 22 mujeres–, no sólo la CNTE, sino los propios estudiantes y los comuneros, acudieron ante las autoridades para exigir que los liberaran.

Por esa razón, agregó, “se determinó realizar una toma de las alcaldías y mantener las acciones de protesta, que cesarán hasta alcanzar la libertad de todos los muchachos”.

En entrevista por separado, Pedro Ramírez Vázquez, integrante del magisterio mexiquense, calificó de injusticia que la administración federal acuse a estudiantes normalistas y maestros como si fueran los peores criminales. Se ha criminalizado toda protesta. Hoy es más peligroso ser profesor o normalista que otro delincuente.

El pasado 7 de diciembre fueron detenidos en Michoacán 52 normalistas que habían tomado la caseta de cobro de Zirahuén, de la Autopista Siglo 21, para demandar la asignación de mil 200 plazas docentes para los egresados de las ocho normales de Michoacán, lo que ocasionó enfrentamientos con la policía estatal con un resultado de 17 heridos.

El 12 de diciembre se dictó formal prisión a 30 normalistas acusados de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y robo de vehículos, mientras que las jóvenes estaban en espera de que se determinara su situación jurídica luego de ser trasladadas al penal femenil de Coatlán del Río, en el estado de Morelos.

Ramírez Vázquez señaló que la caravana motorizada que arribó ayer al penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, para exigir la libertad de los cuatro profesores detenidos en Oaxaca el pasado 28 de octubre, tiene el mismo objetivo:

Decir un ya basta a querer hacer criminales de los maestros y normalistas, a quienes se quiere culpar de los peores delitos, cuando el gobierno sabe perfectamente que la violencia no la genera el magisterio.