La Habana.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos dieron otro paso hacia la firma de la paz, al anunciar este martes un inédito pacto en favor de las víctimas del conflicto armado y para castigar a los culpables de delitos atroces, uno de los puntos medulares de las negociaciones que llevan a cabo en Cuba desde hace tres años.

El acuerdo de 63 páginas fue suscrito por Iván Márquez y Humberto de la Calle, jefes de los equipos negociadores de las FARC y el gobierno, respectivamente, en presencia de representantes de Cuba y Noruega, garantes del proceso, y de las víctimas, que viajaron a La Habana para respaldar el histórico pacto, el cuarto de seis puntos de la agenda.

¡Nunca antes estuvimos tan cerca de un acuerdo definitivo!, proclamó el presidente Santos. Pero negó que su gobierno negocie el sistema político del país, la democracia, el modelo económico o el futuro de las fuerzas armadas. Lo que buscamos es una salida para que miles de guerrilleros dejen las armas, se reincorporen a la sociedad y no repetir el conflicto, indicó.

El comandante Márquez se declaró satisfecho y destacó: este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos, sino con la creación de una jurisdicción especial y con competencias para conocer sobre las violaciones de derechos humanos y los responsables.

Representantes de las víctimas declararon: creemos en ustedes, y anunciaron que vigilarán el estricto cumplimiento de todos los compromisos.

En cumplimiento de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, el gobierno nacional y las FARC acordamos crear el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de violencia, se asienta en una declaración conjunta de las partes.

Este acuerdo, uno de los más difíciles de la negociación, define el trato que recibirán los responsables de delitos de lesa humanidad, con un sistema jurídico especial que será creado como parte del proceso de paz y que incluye penas alternativas de reclusión. Comprende a los guerrilleros, los paramilitares de derecha y los agentes del Estado.

También otorga amnistía a guerrilleros que no estén implicados en delitos atroces como genocidio, graves crímenes de guerra, secuestro, violencia sexual, ejecuciones fuera de combate, y sólo estén acusados de levantarse en armas contra el Estado.

Quienes aporten a la verdad y reparen a los afectados podrán evitar la cárcel común, pero deberán pagar penas alternativas de reclusión de cinco a ocho años.

Las partes, que se proponen culminar el proceso de paz en 2016, antes habían convenido soluciones a los problemas del agro, combate al narcotráfico y participación en política de las FARC una vez que dejen las armas. Falta por acordar el fin del enfrentamiento –que incluye el desarme– y la implementación y refrendación de los convenios.

Tanto la Organización de Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos saludaron el acuerdo. Legisladores estadunidenses presentaron una resolución bipartidista en apoyo a las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la insurgencia.