Santo Domingo, SLP.

Organizaciones sociales y políticas se sumaron ayer a la lucha que hace tres meses emprendieron los habitantes de más de 20 comunidades rurales en los límites entre San Luis Potosí y Zacatecas contra el basurero de desechos industriales y mineros tóxicos que pretende construir el empresario José Cerrillo Chowell.

Tras censurar a los gobiernos estatal y federal, los representantes de la Pastoral Social de la región Matehuala-San Luis Potosí; de la Comisión de Derechos Humanos Samuel Ruiz García y de la Unión de los Pueblos Wixárika en Real de Catorce (la comunidad que protege la ruta sagrada huichola) se sumaron al repudio al que sería el tercer confinamiento de residuos peligrosos en tierras potosinas.

Un comité de ciudadanos del municipio de Guadalcázar, encabezado por Ernesto Rodríguez de Ávila, acudió a la asamblea en el auditorio de la presidencia municipal de Santo Domingo, y compartió su experiencia de lucha para lograr que se cerrara el tiradero de desechos tóxicos que durante años operó la trasnacional estadunidense Metalclad Corporation.

Investigadores y académicos del Colegio de San Luis Potosí (Colsan), docentes y científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunciaron que apoyarán a los habitantes para echar abajo la autorización del confinamiento.

Se insistió en que el permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es ilegal, pues jamás consultó a la población de las comunidades aledañas.

También acudieron Carlos Francisco Alcalá Alba, párroco de Guadalcázar, así como Gerardo Ortiz Blanco, clérigo de Charcas, muy conocido en la región, y Alma Rosa Hernández Ramírez, regidora del municipio de Real de Catorce e integrante de la Unión de Pueblos Wixárikas.

Jorge Rangel, secretario general del ayuntamiento de Santo Domingo, aseguró en la reunión: “Nosotros hemos estado al pendiente. Ya acudimos a la Semarnat y le hicimos ver las irregularidades del proyecto de Cerrillo Chowell.

Estamos convencidos de que hay mucho interés de la población, una inquietud grande, cierta desesperación por que no se haga este proyecto, consideró.

Sin embargo, fue criticado cuando reconoció que quienes quieren construir el basurero “tienen un mundo de dinero y de cosas que mueven, para avanzar en lo que quieren hacer.

Nosotros, como autoridad, estamos en medio, pues por un lado están las críticas al proyecto, y por otro las empresas y parte de la estructura gubernamental del estado y la Federación. Tenemos que ser cuidadosos, señaló.

En nombre del grupo interdisciplinario del Colegio de San Luis Potosí, Francisco de la Peña planteó ante los campesinos y ganaderos: Tenemos un profundo respeto por ustedes. Sabemos que enfrentarse al poder económico y político es muy difícil. Parece que nuestros representantes sólo escuchan a quienes tienen dinero.

A nombre del equipo de investigadores y académicos de la UNAM, acudió, entre otros, el investigador boliviano Alfonso Gumucio, quien planteó: Las trasnacionales llevan su basura a México, Perú, África. Gastan mucho dinero en ello y dicen que no hace daño. Entonces, ¿por qué no la confinan en Estados Unidos? Es mentira que poniéndolos a 50 metros bajo tierra se resuelva el problema. Cuando hay una comunidad organizada, informada, con conciencia, es posible evitar esta contaminación.