a multa aprobada ayer por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por más de 88 millones de pesos, engrosa el historial de sanciones recientes a consecuencia de diversas violaciones a la ley por parte de esa franquicia política.

Tan sólo en este año, la marca partidista propiedad de la familia González ha sido multada por más de 500 millones de pesos por las múltiples violaciones a las reglas de competencia electoral vigentes. En el caso del acuerdo aprobado unánimemente ayer por la Comisión de Fiscalización –que tendrá que ser votado por el pleno del organismo el próximo miércoles–, la falta consiste en que el PVEM recibió dinero de origen desconocido para pagar unas camisetas que nunca recibió y por las que le dieron un terreno que escrituró en forma irregular a nombre de uno de sus ex dirigentes.

Significativamente, esto ocurre en el contexto de una confrontación declarativa y legal entre la dirigencia de ese partido y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Electorales (Fepade), por el procedimiento que la segunda inició contra Arturo Escobar y Vega, vocero del PVEM y ex subsecretario de Prevención y Participación de la Secretaría de Gobernación. A decir del ex funcionario, las pruebas contra la marca electoral a la que representa no son sino parte de una persecución política.

Es impreciso, sin embargo, vincular las pesquisas judiciales contra el PVEM con las maniobras de golpeteo político electoral que desde luego se presentan recurrentemente en el marco de la institucionalidad nacional, entre otras razones porque las malas prácticas partidistas que han dado paso a las acusaciones anteceden a su actual pleito con la Fepade. En efecto, el Partido Verde es una organización identificada por los partidos de oposición, por decenas de miles de ciudadanos y por los propios consejeros del INE como un violador contumaz y sistemático de la legalidad. Esa conducta ha adquirido mayor notoriedad y proyección mediática en los últimos meses, pero no es nueva, como lo demuestra el hecho de que el episodio sancionado ayer por la Comisión de Fiscalización del INE data de 2009.

En un pleno estado de derecho, un partido que hace de la ilegalidad su modus operandi no tendría la menor cabida. Sólo en el contexto de una institucionalidad demasiado imperfecta sería explicable que un instituto político haya mantenido su registro durante tantos años pese a estar recurrentemente en los supuestos de cancelación que establecen la Ley General de Partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el México contemporáneo, por desgracia, la sociedad tiene que presenciar no sólo la tibieza con que actúan las autoridades electorales y judiciales hacia el PVEM, sino también que los dirigentes de ese partido aprovechen las contadas acciones en su contra para victimizarse.

Es claro que los castigos económicos impuestos al PVEM no han ayudado a asegurar que no se repitan sus infracciones a la legalidad ni han contribuido a enmendar el daño ocasionado por esa franquicia electoral. En la medida en que las autoridades no sancionen al partido con medidas ejemplares –incluso la cancelación del registro–, éste seguirá incurriendo en una conducta de evidente desprecio por la legalidad, las instituciones y la ciudadanía.