l 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, coincide además con el final de los 16 días de activismo que año con año empiezan el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año en México estuvieron dedicados a la eliminación del matrimonio y la unión temprana de las niñas en la ley y en la práctica.

Al pensar en la violencia contra las mujeres es posible que en primer lugar nos vengan a la mente los feminicidios, las agresiones físicas o los insultos, pero también el matrimonio y las uniones tempranas de las niñas son una violación grave a sus derechos humanos, con terribles consecuencias en términos de deserción escolar, embarazos prematuros, mortalidad materna y transmisión intergeneracional de la pobreza. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, al menos una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad. En otras palabras, una de cada cinco niñas mexicanas sufre, a través del matrimonio y uniones tempranas, una violación a sus derechos humanos, que afecta gravemente su vida, salud, educación, integridad y desarrollo.

Los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho de todas las personas a contraer matrimonio con el consentimiento libre y pleno de ambos contrayentes. Pero como nos han dicho el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el matrimonio infantil se considera una forma de matrimonio forzoso, ya que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas. Por esta razón, ambos comités han recomendado a los países que eliminen las excepciones relativas a la edad mínima para contraer matrimonio y establezcan en 18 años la edad mínima al respecto para niñas y niños, con o sin el consentimiento paterno o materno.

Desde Naciones Unidas, en 2012 los mencionados comités, junto con la representante especial del secretario general sobre la Violencia contra los Niños, el grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica y otros cuatro expertos publicaron una declaración conjunta en la que exhortaban a los países a elevar a 18 años la edad para contraer matrimonio, tanto en el caso de las niñas como en el de los niños, sin excepción, y afirmaban que el matrimonio infantil no podía justificarse por motivos tradicionales, religiosos, culturales ni económicos.

En relación con México, el 19 y 20 de mayo de 2015, el Estado mexicano presentó ante el Comité de los Derechos del Niño sus informes sobre la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. El comité destacó que el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes promulgada en 2014, en consonancia con los estándares internacionales, prescribe como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, y recomendó al Estado mexicano que garantizara la efectiva implementación de este artículo, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todas las entidades federativas.

Al día de hoy, sin embargo, sólo siete estados (Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán) establecen, tanto para mujeres como para hombres, la edad de 18 años sin excepción para contraer matrimonio. Frente a esta realidad, el exhorto del Senado a las entidades federativas y el Convenio de Colaboración sobre el Cumplimiento de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Igualdad y No Discriminación de Género en las Entidades Federativas firmado el pasado viernes por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) adquiere, si cabe, mayor relevancia.

Desde la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hacemos votos para que el compromiso expresado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, Rubén Moreira, de impulsar entre las entidades federativas el proceso de armonización legislativa, sea atendido por las autoridades y pronto en todo el país se haya eliminado, en la ley y en la práctica, la unión temprana y el matrimonio de niñas. Cuentan, para esta y otras tareas, con la asesoría técnica de las agencias de Naciones Unidas, incluida la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

* Representante a.i. de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos