l tucán le tira a las escopetas fiscalizadoras. Pillado como uno de los responsables de la depredación electoral cometida el pasado junio, y con otros expedientes tóxicos encima, Arturo Escobar y Vega (quien ha sido diputado, senador, vocero nacional de su partido y subsecretario de Gobernación) se apunta por propia mano a la lista nacional de víctimas del poder y, tras declararse acribillado por el fiscal de delitos comiciales, Santiago Nieto Castillo, tiende una cortina de humo verde (con la entusiasta colaboración de múltiples medios, articulistas y comentaristas) al anunciar acciones penales y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para limpiar su nombre y el de su familia.

Con ese blanqueo de imagen que busca, el tucán Escobar tratará de dialogar más adelante (semanas o meses que se lleve el asunto) con el secretario de gobernación para ver si le restituyen su subsecretaría encargada de prevenir delitos. Por lo pronto, el lance sirve para avanzar en la descalificación, entre un escándalo magnificado, del fiscal que se atrevió a buscar la acción penal contra uno de los infractores verdes (cierto es que el fiscal cometió dos errores graves: omitir en su hoja de servicios, a la hora en que lo votarían para el cargo, haber sido asesor del PRD, y la difusión adelantada de la solicitud de una orden de aprehensión contra Escobar, pero esas irregularidades de ninguna manera afectan la sustancia del asunto en cuestión, que son los presuntos delitos electorales cometidos incesantemente por el Verde en los pasados comicios, con Escobar como uno de los acusados).

La degradación cínica de las instancias del Estado para la resolución civilizada de los conflictos tuvo función especial en la carpa del Senado, donde una mayoría encabezada por el PRI y el PAN dio curso a la obra de concertación diseñada en Los Pinos, mediante la cual el partido de tres colores se quedaría con uno de los dos sillones vacantes de la Suprema Corte de Justicia, ahora abiertamente partidizada, y el de blanco y azul con el otro asiento. La sabidamente infructuosa oposición tuvo entre sus figuras a Martha Tagle y a Manuel Bartlett. Al final, como se sabía desde un principio, de entre las dos ternas enviadas por Peña Nieto, a cual más de rechazables por la falta de idoneidad de los propuestos, emergieron los nombres previamente palomeados para servir transexenalmente a las necesidades de sus impulsores actuales: Norma Piña y Javier Laynez.

Por encima de sus adscripciones grupales, tales dos nuevas adquisiciones, más el compadre Eduardo Medina Mora y los demás ministros nombrados en otras circunstancias, cuidarán que no sean trastocados los arreglos jurídicos derivados de las mencionadas reformas, en especial las relacionadas con lo energético. De esta manera queda amarrada la supervivencia de esas reformas y esos arreglos, más allá de Peña Nieto, en el imparable rediseño de órganos de poder que volvería operativamente fallida cualquier alternancia electoral ajena a los intereses del PAN y el PRI.

En otro foro del mismo espectáculo, los derechos humanos fueron motivo de concurrida reunión en la que Enrique Peña Nieto aseguró que son respetados por su administración con tanta enjundia que, por ejemplo, ayer anunció que enviará al poder legislativo iniciativas para leyes que buscan frenar y dar mayor castigo a quienes torturan y desaparecen a personas. En el país de la brutalidad cotidiana, del salvajismo impune y del Crimen Políticamente Organizado (CPO), con Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato y los 43 como casos emblemáticos, el discurso oficial transcurre entre tersuras institucionales, pavimentado funerariamente el sendero de las buenas intenciones.

Allí estaba el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aunque para ello hubiera pasado a la siguiente semana una cita con los familiares de los 43 (este asunto bien puede esperar, pero no el acompañar a EPN en un acto público). El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, continuaba con la retórica medio crítica que de nada sirve ante el fracaso práctico de esa carísima instancia de simulación justiciera. En el concierto de complacencias escénicas la única voz distinta fue de la religiosa Consuelo Morales Elizondo, a quien se entregó el premio nacional de los derechos humanos correspondiente al año en curso. Ella, neoleonesa dedicada durante décadas a ayudar a familiares de desaparecidos, pidió a Peña Nieto que se deje tocar por el dolor de tantas familias afectadas a causa de la violencia.

Astillas:

Autoridades indagan los fuertes indicios de que la trasnacional OHL ha incurrido en actos de corrupción que implican a funcionarios mexicanos. Se cuenta con grabaciones telefónicas que han sido difundidas públicamente, con documentación abundante en cuanto a sobreprecios y trampas contables. Tanto escándalo y tantas evidencias obligan a poner atención en el asunto a las citadas autoridades, las españolas, que han pedido información a las mexicanas, según reporta Gustavo Castillo en La Jornada… El comisionado de Los Pinos para sustituir a Alfredo Castillo en Michoacán, Silvano Aureoles, teóricamente perredista pero, en los hechos, parte del grupo de Videgaray y Meade, ha dicho: ni una más les voy a tolerar a los maestros de la CNTE. Ya estuvo bueno de jugar con el presente y el futuro de los niños (...) Los gritos y cierres de calles, no los toleraré más. El comandante Aurelio Puño debe estar feliz: su ejemplo va creando escuela… Y, mientras Miguel Ángel Mancera y Jaime Rodríguez Calderón hacen entre sí una apuesta relacionada con la final futbolera entre Pumas y Tigres (aunque algunos ciudadanos les dijeron en las redes sociales que les apuestan a que no frenarán, respectivamente, la inseguridad pública en el DF ni la impunidad de Rodrigo Medina), ¡hasta el próximo lunes, ya con el maratón Lupe-Reyes en curso!

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