A fin de contribuir a la investigación que las autoridades españolas realizan en torno a las operaciones de la empresa OHL, la Procuraduría General de la República (PGR) ya entregó informes fiscales, financieros y de operaciones que han sido registradas a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Funcionarios federales revelaron que el gobierno mexicano ya dio una primera respuesta a las solicitudes de las autoridades ibéricas y aportaron documentación que podría ser utilizada en la investigación que se realiza en aquella nación.

En el caso de OHL México han trascendido diversas grabaciones en las que presuntamente se imputan actos de corrupción entre los representantes de la compañía constructora, entre ellos Juan Miguel Villar, en las cuales supuestamente obtiene favores para que se les otorgue contratos o adjudicaciones de obra pública.

Sobre las grabaciones, los involucrados, en el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, han señalado que los audios han sido manipulados, editados y sobre todo que se trata de acciones ilegales.

Esta nueva pesquisa se da a cinco meses de que la Fiscalía Anticorrupción de España ordenó una investigación sobre presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública en contra de la constructora OHL y su presidente Juan Miguel Villar Mir. Ésta, según la información oficial, se inició el pasado 9 de octubre en que la parte española habría solicitado la asistencia jurídica de la dependencia mexicana.

Ésta es la segunda investigación que la fiscalía española lleva a cabo en contra de OHL. En julio pasado fue la primera que se presentó en los juzgados de Palma de Mallorca. Ahora se inicia en México con la petición a la PGR para que ésta aporte información a su homólogo español. En esa fecha, cuando estaba fresco el escándalo que provocó la caída en picada de sus acciones en México y España, a raíz de que se dieron a conocer grabaciones telefónicas en las que se apuntaba a un presunto caso de tráfico de influencias y corrupción de los ejecutivos de OHL y funcionarios del estado de México, también la constructora es sometida a una investigación judicial con la corrupción como telón de fondo.

Según la investigación preliminar del fiscal anticorrupción, con el mismo guión: la compra de voluntades de funcionarios públicos a cambio de ser beneficiados en la adjudicación de contratos públicos millonarios.

El contrato que provocó la querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción fue la mayor obra pública en la historia de Palma de Mallorca, la capital de las Islas Baleares, que fue para la construcción del hospital Son Espases, en 2006. En la supuesta trama de corrupción estarían implicados, además de Villar Mir y OHL, el ex presidente de la región y dirigente del Partido Popular (PP), Jaume Matas; la ex consejera de Sanidad Ana María Castilla, el ex director general de Salud de Baleares Sergio Bertrán y el ex gerente del PP en las Islas Baleares Fernando Areal.

Enjuician a ex consejera de Sanidad; provee información

La principal fuente de información del fiscal ha sido la también investigada y ex consejera de Sanidad Ana María Castilla, quien colabora con la justicia en esta causa y en otras que también afectan al PP. Según su testimonio, Matas ordenó a sus subalternos manipular las valoraciones técnicas para adjudicar el contrato millonario a OHL.

La constructora es un consorcio empresarial que gestiona anualmente más de 60 mil millones de euros y tiene una plantilla de unos 25 mil trabajadores. Su filial en México es investigada por un caso de corrupción en torno a la adjudicación de la obra del Viaducto Bicentenario, tras las filtraciones de las conversaciones entre sus principales ejecutivos en México, entre ellos José Luis Muñoz, Pedro Wallentin y José Andrés Oteyza, con el ex secretario de Comunicaciones del estado de México, Apolinar Mena, quien renunció al cargo tras desvelarse las conversaciones. Según las grabaciones, el funcionario recibió prebendas a cambio de los contratos públicos, como vacaciones pagadas en un hotel de lujo en la Riviera Maya, propiedad de la empresa española.

Ayer, después de que se difundió la noticia, diversos medios de comunicación en sus portales de la red difundieron la petición de la fiscalía española a la PGR, la cual fue retomada en España por las fuentes que se han interesado en informar del caso, sin que se hayan podido obtener más reacciones de la parte oficial por la diferencia de horarios entre México y España.