El plazo de 10 días para librar o negar la orden de aprehensión contra Arturo Escobar, ex vocero del PVEM, vencerá el jueves próximo y la juez federal Rosa María Cervantes Mejía, responsable del caso, ocupará hasta el último minuto que le da la ley para tomar su decisión, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Cervantes es titular del juzgado decimoprimero de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal y es considerada por jueces y magistrados una juez impecable, ya que lo mismo ha negado órdenes de aprehensión en casos relevantes a la PGR que ha impuesto fianzas impagables a funcionarios que tenían derecho a la libertad provisional.

En caso de que Cervantes Mejía libre la medida cautelar de captura contra Escobar por probables delitos electorales, el joven político no pisaría la cárcel si otro juzgado federal le concediera una suspensión provisional en vía de amparo, debido a que el cargo que le imputa la Fepade no es considerado grave en las leyes penales mexicanas y permite la libertad bajo fianza.

Los abogados de Escobar ya tramitaron una demanda de amparo contra órdenes de detención o comparecencia.

Hace 10 días la Fepade confirmó la acción legal contra Escobar, al tiempo que su titular, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer en una entrevista televisiva con la periodista Carmen Aristegui los detalles de la consignación.

La fiscalía detalló que recibió denuncias –de panistas, perredistas y ciudadanos en general– por la distribución de las tarjetas Premia Platinum, en las cuales los mencionaba como afiliados, y protestaron por el uso de sus datos personales.

Presumían que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, por lo que la Fepade empezó la investigación y encontró contrataciones y actos indebidos.

La juez Rosa María Cervantes trabaja desde hace dos semanas en el estudio del caso.

Como juzgadora, uno de los primeros casos importantes que tuvo en sus manos fue el de Carlos Armando Cantú Guerra, ex director de administración de PMI Comercio Internacional, a quien la Procuraduría General de la República acusó de liquidar con 5.6 millones de pesos a un funcionario inhabilitado de esa filial de Pemex.

En agosto de 2011, Cervantes concluyó que las pruebas presentadas por la PGR no soportaban la acusación y decidió negar la aprehensión, fallo que después confirmaría un tribunal de alzada.

En 2012, Cervantes ordenó la aprehensión de los 12 funcionarios y familiares implicados en el fraude de 110 millones de pesos a Pronósticos Deportivos. A tres de los involucrados les fijó una fianza de 110 millones a un millón 4 mil 674 pesos para que obtuvieran su libertad.

Cervantes también llevó el caso del joven Óscar Álvaro Montes de Oca, quien fue detenido y posteriormente liberado por presuntamente introducir al país 20 kilos de cocaína en una maleta tras regresar de Colombia.