Los cuatro líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) detenidos el 30 de octubre pasado en Oaxaca, presos en un penal de alta seguridad y sujetos a prisión por diversos delitos federales considerados graves y sin derecho a la libertad provisional bajo fianza, iniciaron una estrategia de defensa encaminada a demostrar que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, tortura y desaparición forzada.

Sus abogados presentaron una demanda de amparo contra lo que denominan la inminente desaparición forzada de personas, pero el recurso de protección constitucional fue rechazado por un juez federal.

Lo anterior no significa que los maestros ya no tengan medios de defensa, pues ahora podrán alegar la inconstitucionalidad e ilegalidad del auto de formal prisión en una nueva demanda de garantías.

José Luis Evaristo Villegas, juez quinto de distrito de Oaxaca, admitió el amparo presentado por Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, quienes están presos en el penal federal del Altiplano.

De inicio, el juez les concedió una suspensión de plano que no modifica la situación legal de los miembros de la CNTE, y además comisionó a un actuario para que acuda ante distintas autoridades judiciales y ministeriales para que informen oficialmente sobre el paradero de los detenidos.

Sin embargo, después de varias semanas de revisar la petición de amparo, el juzgador sobreseyó el juicio (es decir, lo desechó al encontrar una causal de improcedencia), debido al cambio de situación jurídica, ya que ahora enfrentan auto de formal prisión.

A Orozco Matus le imputan los delitos de motín, daño en propiedad ajena contra el consumo y riqueza nacional, por su presunta implicación en la toma de la junta de distrito de Tehuantepec y de la refinería de Pemex en Salina Cruz, el primero de junio pasado.

Nazariega fue encarcelado por robo agravado, delitos contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, por la presunta sustracción de 10 mil libros de texto gratuito de la SEP y actos vandálicos en la sede de la octava Región Militar.

Picaso está acusado de robo, por la supuesta sustracción de los libros, y Jiménez García fue acusado en el fuero común de robo calificado, presuntamente por apropiarse de componentes de cámaras del C-4 del gobierno de Oaxaca, cuyo costo es de 531 mil pesos.