Identificado como uno de los negocios ilícitos que genera mayor ganancia, el delito de trata de personas constituye un fenómeno creciente, en el que se estima que en México afecta al menos a unas 100 mil personas, principalmente mujeres y niños.

Las estimaciones más conservadoras ubican entre 16 mil y 20 mil el número de menores sometidos a esclavitud sexual.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones de la sociedad civil, la trata de personas representa para el Estado mexicano un enorme reto, pues a la corrupción e impunidad de algunas autoridades, se suma el hecho de que este fenómeno no puede visibilizarse de manera fácil, y no hay siquiera mecanismos de registro ni un debido seguimiento a los casos identificados.

Definido como el comercio ilegal de personas con propósitos de explotación sexual, trabajos forzados, retiro de órganos, servidumbre o cualquier forma moderna de esclavitud, el delito de trata de personas está presente en todo el territorio nacional.

Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la CNDH, señala que se han identificado víctimas en todas las entidades del país, pero que además hay zonas de alta incidencias del delito, tanto de captación como de traslado y explotación de víctimas de trata, como son los estados de Tlaxcala, Puebla, México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal. En muchos de estos casos, hay una presencia de organizaciones criminales, ligadas también al narcotráfico.

Basado en las cifras de su informe sobre la situación de la trata de personas en México, y los datos de actualización en los que ya se trabaja, el funcionario de la CNDH señaló que otras de las preocupaciones del organismo nacional es el alto nivel de impunidad que se da en este delito. Dijo que de las más de 2 mil averiguaciones previas que se presentaron por este crimen entre 2009 y 2014, sólo 800 fueron consignadas ante un juez, alcanzándose 182 sentencias. Es decir, menos de 9 por ciento de las averiguaciones iniciadas.

En este fenómeno también hay un subregistro, pues hay una resistencia ciudadana a presentar las denuncias, que se suma a discrepancias entre la información proporcionada por las procuradurías estatales de Justicia y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un ejemplo de ello es que en Aguascalientes el gobierno federal reportó 89 denuncias entre 2009 y 2011, mientras que el gobierno estatal apenas seis.

De acuerdo con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, el tráfico de personas en México es un delito que está a la par del narcotráfico y el crimen organizado.

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés), ha señalado a México entre los tres países de trata de personas en América Latina y el Caribe.

Incluso, en su informe más reciente, Catwlac señaló que han aparecido nuevos propósitos para la trata de mujeres y niñas, que aún no están contemplados en los tratados internacionales. Un ejemplo de ello, dijo, es que los grupos del crimen organizado levantan a mujeres para usarlas como halconas, sicarias, mulas o esclavas sexuales de los jefes de plaza y cuando se cansan de ellas simplemente las matan, desfigurándoles los rostros para hacer más difícil su identificación.

Y aunque la CNDH reconoce esfuerzos del gobierno para enfrentar la trata de personas, también advierte que las acciones emprendidas no consideran debidamente todos los eslabones de la cadena de este delito: víctima, tratante y cliente-explotador, a la par de que se omite planear, desde una perspectiva integral, acciones encaminadas a reducir los factores de incidencia.