os sucesos de París bajaron una cortina sobre la discusión abierta acerca de la regularización de la producción y consumo de mariguana. Atributo de estos tiempos es que, como alguien dijo, nada es más viejo que la noticia de ayer
. Hace un mes nos debatíamos en decires y desdecires sobre el dictamen de la Corte. Es hasta un mes después que empezamos a reaccionar.
Parece que habíamos olvidado la decisión de la Suprema Corte de Justicia que obligaría a reflexionar comprometidamente sobre sus condicionantes: una sociedad informada pero limitada que aplaude; un sector amplio, tradicionalista, que será motivado a oponerse, y un Presidente personalmente adverso. Este triángulo, pero principalmente la desbordada actitud presidencial, hace ineludible calcular la posibilidad de alcanzar sólo un limitado éxito en esta histórica definición.
Podríamos estar ante una ruta semejante a la del aborto, aprobado en el Distrito Federal pero que se disolvió en las legislaturas locales, o la de los matrimonios gay, que han tenido el mismo rumbo a pesar de las decisiones de la Corte. La sociedad mexicana en su conjunto es una comunidad conservadora, reaccionaria ante los cambios y más cuando éstos tienen cierto aroma a moralina. La discusión abierta por la sociedad se retomará, porque es inevitable, pero cada día que transcurre es de riesgos crecientes. El Presidente juega con el tiempo. Este miércoles pasado montó un ejercicio múltiple de examen del tema, tan enredado que se adivina cómo terminará.
Simplemente habría que insistir que la mariguana es una droga lesiva a la salud, aunque menos que el tabaco y el alcohol; que como éstos, debe ser regulada por el Estado, y que siguen vigentes los principios de protección integral a la salud, de persecución al crimen y de cooperación internacional. Ese enfoque de vanguardia que tiene total actualidad, oficializado en su momento en 1992 a través del Programa Nacional para el Control de Drogas, fue abandonado por el gobierno de Ernesto Zedillo y los siguientes. Volvieron a la exclusividad de la represión, con mucho por falsías moralistas.
El riesgo que hoy se corre es que el hecho quede en una simulación, como parece ser la estrategia presidencial. El Presidente, faltando a la prudencia y ponderación a que está obligado, hace dos días reiteró vehementemente su opinión personal contra la liberalización, decidido a inclinar la balanza.
Los mecanismos de Peña para oponerse son multiplicando los temas de la controversia, manipulando a la opinión pública, aprovechando la ingenuidad del Episcopado o echando la carga al Congreso, que accede a instalar un consejo técnico
que producirá una determinación negativa, son un falso camino de democracia. Seguirá aplicando toda argucia imaginable, como lanzar a su secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan, y a su comisionado nacional Contra las Adicciones, doctor Manuel Mondragón y Kalb, a descalificar hasta el uso medicinal de la yerba. Son previsibles más lamentables embates.
Para poder analizar qué podría ser deseable que llegara a ocurrir, hay que tener presente la resolución sin precedentes del gobierno del entonces presidente de Uruguay José Mujica, que en junio de 2012 legalizó la producción, venta, tenencia y consumo de mariguana. Los residentes en Uruguay pueden obtenerla comprándola en farmacias habilitadas, mediante el autocultivo o asociándose a clubes mediante membresías registradas.
Si al final vamos hacia la producción y el uso legal de mariguana, ¿le convendría a México estudiar ya el ejemplo mencionado? ¿Se lograría mediante lo propuesto por Peña? ¿Quién está estudiando sin prejuicios los mecanismos legales, institucionales, operativos y culturales para adentrarnos en este océano previsible desde ayer?
En las expectativas sobre la consulta anunciada por el gobierno deben tenerse presentes dos cosas: 1) que el presidente nunca se equivoca, que no sabe ni enmendar ni perder, y 2) que existe en la sociedad un sordo fundamentalismo que alega que se dañará la salud, que se expandirá el vicio, que no estamos preparados, que la corrupción prostituirá todo mecanismo, que la compra de semilla seguirá siendo un delito a perseguir.
La verdad que ninguna de esas posturas reconoce es que no están incorporando información honesta y propositiva ya disponible, que no hay que volver a empezar, ya no para pensar en ir adelante o para atrás, que eso está resuelto. Lo que falta es una decisión para marchar responsablemente por un camino que a todos interesa y al que no se llegará por el ejercicio de una falsa democracia.
De otro modo estaremos ante el riesgo de congelar indefinidamente el logro. Este es el gran riesgo: seguir un camino mañoso y alcanzar quizá sólo un semitriunfo semejante a otros esfuerzos liberales como los que han seguido el aborto o los matrimonios gay.
Para Alejandro Madrazo Lajous
