La juez federal Rosa María Cervantes Mejía, titular del juzgado decimoprimero de distrito de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Oriente, será quien libre o niegue a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión que solicitó contra Arturo Escobar, ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien el pasado jueves renunció a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG), informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

En caso de que Cervantes Mejía libre la medida cautelar de captura contra Escobar por probables delitos electorales, el joven político no pisaría la cárcel en caso de que otro juzgado federal le conceda una suspensión provisional en vía de amparo, debido a que el cargo que le imputa la Fepade no es considerado grave por las leyes penales mexicanas y permite la libertad bajo fianza.

Ayer trascendió en círculos del PJF que Escobar y sus abogados habían pedido un amparo contra órdenes de detención o comparecencia y que estaban en espera de la suspensión provisional.

Cervantes, quien ya fue ratificada por el Consejo de la Judicatura Federal en el cargo de juez, debido a que tiene más de cinco años como juzgadora, es identificada dentro del PJF como de tendencia progresista y férrea defensora de la presunción de inocencia y de los derechos humanos, indicaron las fuentes consultadas.

En agosto pasado ordenó la libertad del estudiante Óscar Álvaro Montes de Oca, cuyo caso se hizo público luego de que sus familiares documentaron que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alguien le cambió su maleta, lo que propició que fuera detenido y acusado de la introducción a territorio mexicano de 20 kilos de cocaína.

El pasado jueves, la Fepade confirmó la acción legal contra Escobar, al tiempo que su titular, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer los detalles de la consignación en entrevista con CNN.

La fiscalía detalló que recibió una serie de denuncias –de panistas, perredistas y ciudadanos en general– por la distribución de las tarjetas Premia Platinum, en las que los mencionaba como afiliados, por lo que protestaron por el uso de sus datos personales.

Presumían que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, por lo que la Fepade empezó la investigación y encontró una serie de contrataciones y actos indebidos.