La asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa presentó una demanda contra Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción por ocasionar daños ambientales en aguas del Golfo de México, tras la explosión en marzo pasado en la plataforma petrolera Abkatun-Alfa, ubicada en la sonda de Campeche.

El derrame de hidrocarburos se expandió aproximadamente 10 kilómetros en el lecho marino y ocasionó daños al medio ambiente, a flora y fauna de la región, y representa un peligro para la salud humana, debido a que cuando el petróleo entra en contacto con las aguas marinas forma una mezcla de sustancias tóxicas que se esparcen por todo el ecosistema: hidrocarburos, metales pesados como el vanadio y sales inorgánicas, entre otros, aumentan el riesgo en humanos de padecer cáncer al consumir fauna de esas aguas, argumentó la agrupación.

El presidente de la asociación, David Cristóbal Álvarez Bernal, y su abogado en la ciudad de México, Luis Manuel Pérez de Acha, fueron los encargados de presentar la querella ante el juez sexto de distrito en materia civil en el Distrito Federal.

En un comunicado, se argumentó que constitucionalmente cualquier acto de contaminación al medio ambiente genera responsabilidad para quien lo comete, por lo cual la demanda pretende que el juez de distrito declare que Pemex contaminó aguas marinas de la sonda de Campeche, aproximadamente a 132 kilómetros al noroeste de la terminal marítima de Dos Bochas.

Además, se busca que el juez ordene la reparación del daño ambiental causado por la contaminación, en los términos fijados por los artículos 581 fracción I y 604 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De no ser posible reparar el daño, añade el documento, debe pagar una indemnización como cumplimiento sustituto, de acuerdo con la afectación de los derechos o intereses de la colectividad.

Asimismo, se pide penalizar a la paraestatal con el pago de una sanción económica referida en el artículo 19, fracción segunda de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por un monto que puede ir de mil a 600 mil días de salario mínimo general, vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, que deberá ser determinada de acuerdo con el artículo 23 de dicha norma.

Este tipo de demandas, explicó la asociación, promueven un solo juicio en representación de una colectividad, y la sentencia abarca a todos los afectados, aunque no aparezcan explícitamente representados en la demanda.