En el tema del agua no entablaré un debate político
Estoy dispuesto a una discusión técnica para lograr acuerdos
La iniciativa de Ley General de Aguas se consensuó con los distintos usuarios, no salió al vapor. Fue un trabajo de dos años, primero con una propuesta de la Conagua y después con un acuerdo de los diputados. Me parece que hay muchos componentes que son buenos
Lunes 30 de noviembre de 2015, p. 48
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, advierte que no está dispuesto a debatir políticamente sobre la Ley General de Aguas, pero sí a una discusión técnica para llegar a acuerdos con los sectores opositores. Defiende que con esa legislación se busca mejorar el sector y señala que son ineficientes la mayoría de los organismos operadores de agua.
Estos organismos, responsabilidad de los municipios, no han sido privatizados aunque la ley ya lo permite, y sólo Cancún ha concesionado todo el proceso del servicio de agua potable a un particular. La Conagua no será la que defina si los prestadores del servicio serán públicos o privados, asevera.
En entrevista con La Jornada admite que sí existen luchas por el agua en el país, pero también hay temas, como el impacto del cambio climático, que deben atenderse. Ejemplifica que durante este año hubo huracanes antes de tiempo, de intensidades inesperadas, y lluvias intensas durante dos días en septiembre en el valle de México, que llenarían 27 veces el estadio Azteca.
Ramírez de la Parra es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría en business administration por la Universidad de Phoenix y llegó a la Conagua con David Korenfeld en 2013, al ser designado subdirector jurídico. Antes fue coordinador jurídico de la Secretaría del Agua y Obra Pública del estado de México.
–Enfrenta el país diferentes problemas en relación con el agua, desde escasez hasta contaminación, ¿considera que hay crisis en el sector?
–El mayor tema del agua es la disponibilidad y en los recientes tres años la lluvia que hemos tenido ha sido suficiente para tener mucha. He comentado que este ciclo agrícola que terminó en septiembre muy probablemente es el mejor de los pasados 18 años. La razón es que llovió lo suficiente para repartir mejor el líquido. Me parece que hay crisis cuando no tenemos disponibilidad. Tenemos suficiente recurso en este momento que podemos administrar y empezar a planear más a futuro.
Evidentemente hay necesidades de la población, de acuerdo con su situación y con el lugar donde se encuentra. Esto es cierto. Sin embargo, esas cuestiones pasan a segundo término en la medida en que tenemos agua suficiente para poder repartir. Todas las demás cuestiones las podemos resolver. La falta de disponibilidad no podemos resolverla. La sequía no puede inventar el agua.
–¿Ya se están tomando medidas en relación con el cambio climático?
–En el agua empezamos a tener indicios de que algo tiene que estar sucediendo que no es normal. Algunos ejemplos: el mes de marzo de este año ha sido el más lluvioso del que se tenga registro en el país. El 2 y 3 de septiembre pasado fueron los dos días con más precipitación en la ciudad de México, suficiente para llenar 27 veces el estadio Azteca. Esto nunca antes había pasado. En el océano Atlántico se presentó Ana, una tormenta subtropical, antes de que empezara la temporada. Después se registró Patricia, el huracán más intenso de toda la historia. Y en estos días ocurre el huracán más tardío en la temporada con categoría cuatro. Nunca habíamos tenido en esta época del año un ciclón de esta intensidad. Hay recomendaciones del Banco Mundial para hacer obras de mitigación y tenemos que pensar en invertir dinero para proteger a la población.
–Entre los usuarios del agua están la industria, la minería y las áreas urbanas, ¿observa una disputa entre ellos?
–Empieza a haber algunas luchas por el tema del agua. El recurso es de la nación; la administración le corresponde a la Federación. Lo que pasó en Sonora, donde se discutió el trasvase de líquido por medio del acueducto Independencia, fue decir: ‘el agua es mía y nadie me la puede quitar’. Si pensamos así, vamos a tener conflictos constantes.
Tenemos que administrar el agua de la mejor manera, considerando todos los usos: priorizar el consumo de la población, después el agrícola y la suficiencia alimentaria. También hay que poner en la balanza: está la población y los alimentos, indispensables para su sobrevivencia. En nuestro país 76 por ciento del líquido lo utiliza la parte agrícola, que no paga un solo peso. Se tiene que generar un valor de conciencia de la población de que el agua no se puede seguir desperdiciando. El recurso sigue siendo el mismo, pero las necesidades y la población aumentaron. Entonces el tema de la administración se convierte en un reto mucho más complejo.
–¿Se replanteará la Ley General de Aguas?
–La iniciativa que se presentó (en la pasada legislatura) se consensuó con los distintos usuarios, no salió al vapor. Fue un trabajo de dos años, primero con una propuesta de la Conagua y después con un acuerdo de los diputados. Me parece que hay muchos componentes que son buenos. Lo que buscamos es mejorar el tema del agua en el país; no son intereses de alguien en particular. Es tener una legislación que actualice la situación. La legislación vigente es de 1992, de ese año a la fecha la situación es completamente distinta.
“Con el componente del derecho humano al agua, el Congreso de la Unión, al establecer que se tiene que realizar una Ley General de Aguas, presenta la oportunidad de entrar en rubros en los que no lo habíamos hecho. Por ejemplo, esta ley obliga a fijar principios y competencias de los tres niveles de gobierno. En los organismos operadores de los municipios se debe tener como básico un servicio profesional de carrera, un esquema de escalafón para tener técnicos. El municipio lleva la prestación del servicio y la administración del recurso es de la Federación. Los estados quedan en el limbo. Deben tener una parte activa y ayudar a los municipios.
“Estoy convencido de que cuando se pensó en dar a los municipios la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y drenaje, fue para fortalecerlos. Hay que reconocer que no ha funcionado. Hoy los organismos operadores del país, la mayoría de ellos, son ineficientes. La Conagua no definirá si estos organismos serán públicos o privados. Algunos municipios piensan en involucrar al sector privado en algunos procesos o en la creación de empresas público-privadas para dar el servicio. En el Distrito Federal una parte del proceso, la facturación, lo hacen particulares.
La participación de la iniciativa privada ya está planteada en el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales, vigente aún. No es algo nuevo en la Ley General de Aguas. Y aun así la privatización no se ha generalizado: cinco municipios han optado por un ente que no es público y sólo Cancún concesionó la prestación total del servicio. La administración del recurso toca a la Federación, si hubiera un ente que otorgue concesiones y administrara el agua, habría privatización. Estoy en contra de ello.
–¿Cómo conciliar con las organizaciones que están en contra de la iniciativa?
–Si nos sentamos a discutirlo desde un punto de vista técnico me parece que llegaremos a un acuerdo. Cuando con los diputados discutimos la ley, lo hicimos con los del Partido de la Revolución Democrática, llegamos a un acuerdo al final. Usuarios de riego nos dijeron que estaban en contra, pero cuando vieron que se buscaba ser más productivo con el tema del agua y ver hacia futuro, hubo consenso con ellos. Si la idea es sentarnos en una arena política, la Federación no discutirá de esa forma. La Conagua es un órgano 100 por ciento técnico.
La propuesta de las organizaciones de que las concesiones las otorgue un consejo ciudadano, alguien que sí tendrá un interés, eso sí es privatizar el agua. Si hay consenso en la iniciativa y logramos informar a la población, hay que empujarla. No hay que precipitarse. Puede llevarse tiempo.
