Objetivo central de las reformas sobre transparencia y acceso a la información, la homologación de leyes y criterios a escala estatal avanza. Hasta ahora sólo dos estados han armonizado sus legislaciones con los cambios aprobados por el Congreso de la Unión y dos más ya comenzaron modificaciones, pero aún falta que 28 procesen sus modificaciones para garantizar que el derecho de acceso a la información se ejerza bajo las mismas reglas en todo el país a partir de mayo de 2016.

Recientemente designada en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) representante de los órganos garantes estatales, Josefina Román, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) del estado de México, acepta que el desafío es grande, porque el crecimiento de los sujetos obligados directos será exponencial en los estados y se deberán compaginar los criterios en diversos ámbitos para que sean homogéneos a escala federal y estatal.

Frente al desafío, subraya, hay un elemento que los congresos locales deberán garantizar ante el incremento de obligaciones de esas instituciones: más financiamiento. Con la reforma, el Instituto Nacional de Acceso a la Información incrementó 46 por ciento su presupuesto en 2015 para enfrentar las nuevas obligaciones, entre ellas crear el nuevo sistema nacional de transparencia y la plataforma nacional, en la cual se concentrarán los datos de los miles de sujetos obligados a escala federal, estatal y municipal.

Además, el carácter de los órganos garantes deberá ser autónomo en todo el país –en la actualidad, en Zacatecas y Tamaulipas aún no tienen esa condición legal– y deberán ser colegiados (en Querétaro tiene un esquema unipersonal, aunque en la mayoría de las entidades están conformados por tres o cinco integrantes), situación que deberá modificarse antes de mayo próximo, plazo máximo otorgado al aprobarse la Ley General de Transparencia para que los estados efectuaran las adecuaciones legales.

Crecimiento exponencial

De acuerdo con los plazos fijados en la Ley General de Transparencia, los estados deben armonizar sus legislaciones a más tardar en mayo. Actualmente, sólo Colima –que lo hizo en mayo, dos semanas después de la entrada en vigor de la norma– y Nuevo León –lo realizó en agosto– han completado el proceso. Chihuahua y Colima han avalado ya algunos cambios, pero no han terminado sus modificaciones.

La importancia de dicha armonización en el plazo más breve posible es fundamental, advierte Román, quien destacó que entre los gobiernos estatales hay reconocimiento de esa necesidad. Recientemente se firmó un convenio entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y la presidenta del SNT, Ximena Puente, para colaborar en el proceso de compaginar de leyes, destaca Román. Se trata de armonizar, no sólo de copiar la ley general, para lo cual se pretende consultar a investigadores y especialistas en transparencia.

Hay retos importantes, porque por efecto de la reforma se incrementará sustancialmente el número de sujetos obligados directos que deberán supervisar los órganos garantes: sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y todas aquellas personas físicas o morales que reciban fondos públicos, aunque se deberá precisar qué personas reciben apoyos, como becas o programas sociales que no estarán incorporados, pero que en los lineamientos que se aprueben en el seno del SNT deberán quedar claramente delimitados.

Explicó que existen ámbitos sobre los cuales se va a trabajar con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y los órganos garantes, entre los cuales, destacó, existe la necesidad de impulsar transparencia proactiva y gobierno abierto, entre otros. Además, habrá 48 nuevas obligaciones comunes entre los sujetos que deberán incorporarse y ser supervisados.

Uno de los temas centrales en los cuales debe haber criterios claramente definidos por el impacto que tendrá en los estados es la facultad de atracción de recursos ciudadanos promovidos ante los órganos garantes pero que por su importancia o impacto social el Inai podría atraer. Dijo que este tema deberá acordarse puntualmente con el instituto para no dejar espacios discrecionales.