Tres años después de las detenciones arbitrarias de más de 100 jóvenes durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, la falta de coordinación entre las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y la procuraduría capitalina ha derivado en que las víctimas aún no reciban el pago de sus indemnizaciones.

Tras denunciar lo anterior, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, recordó que la actuación de las instancias de justicia capitalinas el primero de diciembre de 2012 –todavía en la administración de Marcelo Ebrard– derivó en la recomendación 7/2013, instrumento en el que se documentaron las violaciones cometidas por los cuerpos de seguridad de la ciudad de México en agravio de jóvenes que, pese a no haber participado en actos vandálicos, fueron aprehendidos injustamente.

La presidenta del organismo, Perla Gómez, manifestó que ante el incumplimiento vamos a visibilizar que llevamos un año con el nuevo Lineamiento de Indemnizaciones, que hemos tenido reuniones semanales, en más de 50 sesiones con el gobierno, y a la fecha, por una falta de coordinación no se han pagado.

Insistió en que la reparación integral del daño por las detenciones arbitrarias lleva un procesos de tres años, estamos en 2015 y ya viene un año más, y no vamos a permitir, como CDHDF, que se sigan retrasando. No hay ninguna justificación para no cubrir el pago a estas personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos.

Expresó que el organismo a su cargo realiza un recuento del caso porque “ya se habían hecho mesas de trabajo, pero no están planteando las propuestas y por supuesto que éstas tienen que ser revisadas con estándares de derechos humanos, en visión de las propias víctimas.

Cuando una recomendación es aceptada es para cumplirse, porque lo que espera la víctima es su reparación, aseveró.

La documentación que realiza la CDHDF por el incumplimiento de la autoridad incluye un seguimiento de las víctimas, pues no se va a permitir que haya esta omisión, advirtió.

Las víctimas del primero de diciembre no son los únicos pendientes que tiene el Gobierno del Distrito Federal, existen casos en las secretarías de Salud, Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia, todas instancias capitalinas, ante ello Gómez Gallardo indicó que pedirá a la Asamblea Legislativa que no dejen de revisar las partidas de indemnizaciones, porque violar derechos humanos cuesta. Si no quieren pagar, no violen garan-tías, acotó.