A mí sí me puede pasar
es la frase clave
Sábado 28 de noviembre de 2015, p. 14
Sin dejar de insistir en que el Estado debe garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y las federaciones de periodistas a escala internacional dieron a conocer ayer un protocolo para la autoprotección de los trabajadores de los medios de comunicación.
A mí sí me puede pasar
es el código que elaboraron varios periodistas con el apoyo de Unifor, sindicato canadiense que aglutina a trabajadores de las industrias de telecomunicaciones, automotriz, energía y del papel.
La decisión de elaborar el documento surgió ante el alto índice de agresiones contra comunicadores en el país, donde se observó la ausencia de mecanismos efectivos de protección y alerta de riesgos.
El escrito invita a prevenir inconvenientes en el ejercicio periodístico, a partir de la concientización y autoevaluación de lo que implica esta actividad en México. Lo que se busca es que los periodistas transiten de la expresión nunca pensé que a mí me pudiera pasar
, a la de a mí sí me puede pasar
, y sepan qué hacer cuando enfrentan una agresión durante su actividad, se explicó en la presentación.
El protocolo se dio a conocer en conferencia de prensa durante el seminario internacional La seguridad y el fortalecimiento sindical para los periodistas en México, que reunió a trabajadores de diversos estados.
Una de las premisas fundamentales del código es que los comunicadores acepten que una primera responsabilidad en el ejercicio laboral consiste en aprender a cuidarse a sí mismos. Sugiere, por ejemplo, en la cobertura de una marcha, nunca colocarse entre los manifestantes y policías, para no quedar en medio de un posible conflicto y, si se está escribiendo sobre un tema delicado, compartir los datos recabados y la agenda de trabajo con el jefe inmediato para que éste sepa dónde y con quién está el periodista.
También se advirtió que las empresas de comunicación nacionales y extranjeras, en su inmensa mayoría, no cumplen con su obligación de establecer las garantías y condiciones para proteger la tarea periodística.