La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG) permanece acéfala y sin visos de sustitución al menos temporal, dos días después de la renuncia de Arturo Escobar, quien es investigado por su presunta participación en delitos electorales.

Esta área es responsable de la aplicación del Programa Nacional de Prevención Social de la Delincuencia, puesto en marcha en este sexenio y al cual en el gobierno federal se le atribuye amplia influencia para la disminución de la incidencia delictiva en las zonas donde se aplica.

El plan antidelito opera acciones en 90 demarcaciones (de más de cien mil habitantes), donde se encuentra un millar de las colonias más violentas del país.

Antes del escándalo que la dejó sin titular, la subsecretaría informó que en las 90 demarcaciones referidas la tasa de homicidio bajó, en promedio, 36 por ciento, durante el periodo 2012-2014, al pasar de 22.5 a 14.2 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

También se indica que mejora la organización comunitaria para dar solución, por ejemplo, al robo y al pandillerismo.

Para este año dispone de un presupuesto de 2 mil 683 millones de pesos y para el próximo fue reducido a 2 mil millones. Pese a la importancia que se le adjudica, el programa ha visto reducidos sus recursos año con año, desde su aplicación en 2013.

Tras la renuncia de Arturo Escobar a esta subsecretaría, el miércoles pasado, los funcionarios de más alto rango son dos directoras generales, entre ellas Ruth Zavaleta, de Participación Ciudadana; llegó al cargo el mismo día que Escobar, el 9 de septiembre pasado; Eunice Rendón, de Coordinación Interinstitucional, quien fungió de encargada de la dependencia tras la salida del entonces subsecretario Roberto Campa.

La última actividad de Escobar en el cargo fue en Jalisco; unas horas antes de renunciar dio cuenta en Twitter de la promoción de actividades sociales y deportivas en esa entidad. Señaló que una sociedad más segura requiere de una alianza sólida entre ciudadanos y gobierno.

El Programa de Prevención del Delito tiene una lista muy variada de actividades, lo mismo impulsaron una deshidratadora de frutas para viudas, víctimas de la violencia, en Apatzingán, Michoacán, que promueven el rescate de espacios públicos.

Escobar tenía en la mira coordinarse con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para complementar el presupuesto de ambas instancias y hacer frente al recorte presupuestal de 600 millones de pesos; igualmente, quedó en suspenso la pretendida revisión de polígonos en los que actualmente se aplica el programa.