En tanto que Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, dijo que es urgente que México cuente con una ley de enjuiciamiento general, a fin de que en todas las entidades exista una sola forma de aplicación del marco punitivo, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, sostuvo que el reto al que nos enfrentamos como país en materia de seguridad es muy grande.

Durante la inauguración del Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, la procuradora afirmó que con coordinación y operación de los distintos niveles de gobierno se podrá avanzar significativamente, y anunció que las y los procuradores y fiscales del país firmaron un acuerdo con la Cruz Roja Internacional sobre la licencia y uso del software relacionado con la base de datos antemórtem y postmórtem. Esto, con el objetivo de perfeccionar las herramientas tecnológicas para la búsqueda de personas y la generación de información confiable para las víctimas y familiares.

En tanto, Mancera sostuvo que “los retos actuales en materia de aplicación de la ley e impartición de justicia son muy complejos. Debemos mantener el compromiso de construir y tener un estado de derecho, además de reducir la incidencia delictiva.

Tenemos que continuar con las evaluaciones policiales y seguir con la capacitación de jueces, ministerios públicos, peritos y de todos los que en esta trama de la justicia penal tienen alguna participación. El reto que tenemos es la aplicación del sistema acusatorio adversarial en el país, de más de 121 millones de personas. No es nada sencillo, ni siquiera comparable con otros países, consideró.

Demanda TSJDF autonomía presupuestal y financiera

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, señaló: mucho se insiste en discursos y panegíricos que la justicia debe ser una función independiente, cabalmente autónoma, pues una justicia bajo sospecha de sometimiento, de ser avasallada por la fuerza y actividad política, sucumbe ante la peor de sus patologías, que es la politización de la jurisdicción, que, inevitablemente, a ojos del pueblo carece de confianza y soltura en sus actuaciones y decisiones.

Señaló que para construir una percepción óptima de la función judicial, y con ello lograr credibilidad y confianza ciudadana, es necesario garantizar la autonomía decisiva a todos los poderes judiciales, esa que suelta amarras, señor Presidente (dijo a Enrique Peña Nieto), pues sin una verdadera autonomía presupuestal y financiera no habrá función judicial completa, íntegra y confiable.