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Obstaculizan la movilidad y el libre tránsito, señala Perla Gómez

Viola derechos humanos la colocación de rejas o plumas en calles por vecinos: CDHDF
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 40

La movilidad en la ciudad de México se ha visto obtaculizada por el cierre de calles por vecinos de algunas colonias, por lo cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene abiertos nueve expedientes de quejas por la privatización del espacio público en zonas tanto de tránsito peatonal como de vehículos.

La colocación de rejas, vallas o plumas, según la investigación que realiza la Tercera Visitaduría del organismo, no sólo es ilegal, prohibida por la ley, sino que también es violatoria de derechos humanos porque limita la libre circulación, discrimina a las personas, dificulta su acceso, provoca fragmentación, los aisla y obstaculiza la movilidad.

Además provoca conflictos entre vecinos por la imposición de cuotas o la restricción a la circulación, se detalla en los expedientes que se abrieron entre 2011 a 2015 de casos que ocurren en las delegaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco.

La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, señaló que ante un panorama de inseguridad, las personas buscan medidas de protección cerrando accesos, lo que termina siendo un obstáculo al derecho a la movilidad y al libre tránsito.

Expuso que no se trata de afectar a la gente, porque la autoridad debe dar garantías de seguridad, pero las calles no se pueden privatizar. Lo que queremos es sensibilizar a los vecinos; estamos pidiendo que retiren esas vallas o plumas que ponen y obstaculizan el paso, porque el acceso a la calle es público, no se puede cerrar, no se puede bloquear, afirmó.

De acuerdo con testimonios recabados por la Tercera Visitaduría, la percepción de la inseguridad y el incremento de algunos delitos provocaron que ciudadanos colocaran rejas con la intención de resguardar sus bienes, proteger su integridad y la de sus familias.

La práctica, según el reporte, ha sido tolerada por las autoridades, que han sido omisas en atender el fondo del problema o implementar medidas efectivas que permitan incrementar la confianza de los vecinos respecto de los mecanismos de seguridad.