Jóvenes sin Fronteras (JSF), asociación civil de derechos humanos con sede en Washington, lamentó la falta de respuesta del gobierno de México y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso de Víctor Hugo Cordero Giorgana, ex secretario de protección y vialidad de Gómez Palacio, Durango, detenido, torturado y preso en enero de 2013, y quien falleció en prisión el pasado 27 de octubre, tras denunciar en varias ocasiones que había recibido amenazas de muerte.

En entrevista. el representante de JSF en México, quien pidió anonimato por seguridad, recordó que el ex jefe policiaco fue torturado para que se declarara culpable de homicidio calificado, secuestro y delincuencia organizada.

Señaló que en más de 55 denuncias que Cordero Giorgana presentó ante diversas instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la propia CNDH, por conducto de JSF, se consignó que el ex mando policial fue quemado con un soplete en las extremidades, recibió descargas eléctricas en todo el cuerpo y golpes con tablas en los glúteos, lo que le dislocó la cadera. Además, le clavaron agujas debajo de uñas de pies y manos, entre otros tormentos.

Tras recibir amenazas de que lo matarían a él y a familiares cercanos, y de apuntarle con una pistola en la cabeza, fue obligado a grabar siete videos en los que dice que un narcotraficante es su amigo.

En los más recientes documentos que JSF presentó ante el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre más de 50 instancias, en agosto pasado denunció las persistentes amenazas de muerte que recibió el agente por denunciar violaciones sistemáticas a sus garantías individuales.

El 27 de octubre Hugo Cordero Giorgana murió en el centro de reinserción social número 2 de Santiago Papasquiaro, Durango. En el acta de defunción no se asienta el lugar donde murió, pese a que se encontraba recluido, y se menciona como causa un infarto agudo al miocardio, detalló el representante de JSF.

Puntualizó que cuando Cordero ingresó a ese reclusorio se encontraba en perfecto estado de salud, según los exámenes médicos que le practicaron.

Acotó también que JSF ha cerrado el caso a petición de la familia, que también solicitó la cremación del cuerpo.

Fue por seguridad. De hecho, la familia ya recibió asilo político en otro país por las amenazas que recibió. No obstante, si requiere apoyo, se lo daremos, pero no nos quedamos con ningún archivo.

El representante de JSF expuso que no hubo autoridad que protegiera las garantías individuales de Cordero. La CNDH siempre dio largas al asunto; no intervino como debía. Más aún, omitió responder al Congreso de Estados Unidos, que pidió un informe sobre el caso.