a resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgando el amparo de la justicia federal a un grupo de personas para el autoconsumo de la mariguana, un fallo de alta controversia en la opinión pública, constituye un hito, un punto de inflexión en la historia del sistema judicial mexicano y en el robustecimiento de los derechos del individuo frente al Estado.

Concretamente lo que el máximo tribunal de justicia del país determinó es que la negativa de la autoridad administrativa para emitir una autorización a cuatro individuos a fin de que siembren, preparen, posean, usen y transporten la cannabis y el sicotrópico THC para uso lúdico o recreativo es violatorio de sus derechos humanos, por lo que ordenó a la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgar la autorización.

Sin pasar por alto el derecho de millones de mexicanos a disentir, sin duda es una resolución de avanzada, a contracorriente del conservadurismo que caracterizó por muchos años a la administración de justicia en el país, y que inaugura una nueva etapa en la defensa eficaz de las garantías individuales, comenzando por el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo.

Son tiempos de cambio profundo, de ruptura de paradigmas en el siglo XXI, que obligan a preguntarse sobre el acierto o el error de mantener un sistema de criminalización del consumo de una sustancia que ya tiene patente de legalización en otros países, incluidos estados de nuestro mayor socio comercial y destino principal de las drogas que transitan por nuestro país, y que no tienen que cubrir el elevado costo de la prohibición, especialmente guerras de mafias y violencia en las calles.

Obligan a preguntarse también si debe mantenerse como una decisión de Estado determinar, coercitivamente, lo que puede o no consumir una persona cuando es lesivo para su salud y no se afectan derechos de terceros, caso de la mariguana, al igual que consumir alimentos con un alto contenido calórico o con elevada concentración de gluten. O bien, esas decisiones pertenecen a la esfera de la libertad individual y es responsabilidad del Estado educar, informar y prevenir para evitar totalmente o limitar el consumo de esos productos.

Eso no significa que hagamos una apología sobre el consumo de ese sicotrópico, como no lo haríamos con ningún otro estimulante o depresor del sistema nervioso. Lo que reconocemos es el paso gigantesco que se ha dado para abrir el debate sobre un tema que involucra a la salud pública, a los altos índices de inseguridad y violencia que genera el sistema prohibicionista, y sobre todo el derecho de las personas a decidir sobre sí mismas.

Con independencia de lo lejos que pueda llegar la revisión del sistema jurídico mexicano, las leyes ya no sólo los juicios de la SCJN que no han sentado jurisprudencia, no puede desdeñarse la actitud abierta y mirando al futuro del gobierno mexicano, que a través de la Secretaría de Gobernación ha anunciado la realización de foros, con especialistas y sociedad civil, a partir de enero de 2016, para ventilar y debatir el tema de la eventual legalización del consumo de la mariguana, y alcanzar algunos puntos de acuerdo, circunstancias e hipótesis en donde sería permisible su consumo, medicinal o lúdicamente.

Llegar, como razonó su voto favorable pero reflexivo el ministro José Ramón Cosío, a una política integral en materia de drogas, después de escuchar las opiniones de diversos sectores y apoyarse e el conocimiento técnico y científico de los expertos, y no quedarse en un fallo del tribunal supremo de México, así esté fundado jurídicamente.

Por supuesto después de esos foros, y de todos aquellos que quieran realizar otras instancias públicas o privadas, tendría que venir un amplio y desideologizado debate legislativo para dar estatus legal a los acuerdos a los que arribe la sociedad mexicana y sus representantes en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Hay ya varias iniciativas en la Cámara de Diputados y una reciente en el Senado de la República, para despenalizar en algunos casos el consumo de la mariguana. Lo sano sin embargo es, desde mi punto de vista, que antes del debate parlamentario se discuta el tema entre especialistas y sociedad abierta.

Hay varios aspectos que conviene tener presente en este debate social y legislativo. En primer lugar, tenemos que hacer a un lado los prejuicios, como suponer que la legalización del consumo de la mariguana con fines medicinales o recreativos implicará fomentar su producción y consumo, cuando la realidad es que jamás el fin de los esquemas prohibicionistas ha desembocado en un incremento sustantivo del consumo sino en un descenso de los índices de criminalidad y hacinamiento en las cárceles, como ocurrió con la despenalización del comercio de alcohol en Estados Unidos, en la década de los 30 del siglo pasado.

En todo caso, será responsabilidad del Estado educar y prevenir sobre los efectos de la mariguana para que las cifras de consumo no se alteren: la última encuesta de adicciones, realizada en 2011, registraba que 1.2 por ciento de la población entre 12 y 65 años consumía mariguana, de manera ordinaria u ocasionalmente, un millón de personas. La amenaza mayor en las escuelas proviene no del consumo de esta sustancia sino del alcoholismo.

Otro punto importante es el impacto severo que la despenalización tendría en los índices delictivos: actualmente la mayor cantidad de personas detenidas por delitos contra la salud (narcotráfico) son por poseer o consumir, y no por traficar drogas. Entre 2006 y 2014 la PGR, según cifras de la dependencia, detuvo a 176 mil personas por delitos contra la salud, 156 mil de ellas por consumo o posesión. El efecto en el sistema penitenciario hoy saturado sería, en consecuencia, muy significativo.

Finalmente, hay que tener presente que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde salvaguardar la constitucionalidad de las leyes y los actos de autoridad, pero los criterios universales son atribución del Poder Legislativo y las políticas públicas específicas son competencia del Poder Ejecutivo. Me refiero a que el proceso de regularización del consumo de la mariguana no debe limitarse a que, en su caso, la ejecutoria que benefició a cuatro personas ahora siente jurisprudencia. Los tres poderes del Estado y la sociedad en su conjunto deben definir los criterios y parámetros de permisibilidad y limitación en la materia.

En pocas palabras, un debate amplio entre ciudadanos, especialistas, autoridades y legisladores es indispensable.

*Ex gobernador de Oaxaca